Lo anterior, señaló en entrevista, “se lograría mediante actividades que permitan incrementar la inversión, productividad, competitividad, empleo y mejorar la distribución del ingreso entre la población con una estrategia coordinada entre los tres niveles de gobierno a largo plazo”.
Méndez Salas recordó que en septiembre de 2017, el gobierno federal firmó los tres primeros decretos de declaratoria de ZEE en dichas entidades federativas, donde se comprometieron inversiones del sector privado de por lo menos cinco mil 300 millones de dólares, que corresponden a 50 de 250 empresas que llegarán para generar más de 12 mil empleos en los próximos tres años.
A pesar de la propagación de estas zonas a nivel internacional, el legislador turquesa manifestó su preocupación por que éstas cumplan el propósito para el cual fueron diseñadas.
Manifestó que de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), hasta 2015 se podían contar aproximadamente cuatro mil 500 lugares de este tipo en 140 países, que emplean actualmente a cerca de 70 millones de personas, atraen 21 por ciento de la Inversión Extranjera Directa (IED) y producen 41 por ciento de las exportaciones globales.
Sin embargo, según cifras de esa instancia internacional, no todas estas ZEE han sido exitosas, ya que se estima que aproximadamente la mitad no han tenido los beneficios esperados.
Para evitarlo, indicó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) está obligada a ofrecer beneficios fiscales y laborales un régimen aduanero especial, un marco regulatorio ágil, una infraestructura de primer nivel, programas de apoyo (capital humano, financiamiento, innovación), así como estímulos y condiciones preferenciales.
“La Ley Federal de Zonas Económicas Especiales y el Reglamento Interior de la Autoridad Federal correspondiente, establecen que los esfuerzos interinstitucionales deben impulsar el desarrollo de actividades económicas en los municipios más rezagados del país bajo los estándares del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en la materia”, expuso.
El también secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública mencionó que la clave para que estas zonas se vean beneficiadas es la continuidad a largo plazo, lo cual implica impulsar una estrategia de trabajo sostenido por un periodo de 25 a 30 años.
Agregó que esta planeación debe considerar proveer de servicios básicos, expandir oportunidades para vidas saludables y productivas, fomentar la generación de empleos permanentes, el ascenso industrial, el crecimiento de la productividad y la creación de infraestructura con pleno cuidado al medio ambiente y respeto a los derechos de las personas que en éstas habitan.
“Para Nueva Alianza, el éxito de estos lugares implica la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y el sector privado, así como del trabajo sostenido a largo plazo. Es fundamental contribuir a alcanzar su propósito para disminuir la disparidad en el crecimiento de las regiones rezagadas del país”, sostuvo.
