Ciudad de México, 21 Febrero (MENSAJE POLÍTICO/CÍRCULO DIGITAL).- Al entregar a la Cámara de Diputados el último informe individual de la Cuenta Pública 2017, el Auditor Superior de la Federación (ASF), David Colmenares Páramo, reportó que en el penúltimo año de gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto se detectaron una serie de inconsistencias e irregularidades en diversas áreas y sectores de la administración pública, por un monto de 68 mil 136.5 millones de pesos.
En el salón Legisladores explico que estas irregularidades derivaron en la presentación de 54 denuncias penales y la integración de mil 202 expedientes para fincar posibles responsabilidades resarcitorias.
En el informe señala que los servicios de guardería del IMSS, ISSSTE y las estancias infantiles de Sedesol cumplieron con el objetivo de ofrecer servicios de atención y cuidado a los menores, pero se careció de información para determinar si se cumplió con los objetivos, aún con ello no se justifica el recorte de presupuesto.
“En todas se carecen de indicadores y metas para el desarrollo integral de los niños, así como de información suficiente para poder afirmar si se cumplieron los objetivos previstos. La Sedesol no acreditó ante la autoridad superior que las estancias cumplieran con los criterios y requisitos de seguridad establecidos en las reglas de operación, el cumplimiento de los criterios en los requisitos de calidad establecidos en las reglas del programa para ser afiliadas. La capacitación de los responsables de las estancias en materia como protección civil”.
Respecto a la reforma educativa, el auditor dijo que se detectó opacidad y falta de armonización de las disposiciones federales y estatales en profesionalización docente.
“Mecanismos de coordinación ineficientes y las plazas de ingreso y ascenso no se otorgaron siempre a quienes obtuvieron los mejores resultados en el Servicio Profesional Docente. Se encontró opacidad y discrecionalidad en el ejercicio del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) y se careció de un modelo de evaluación integral por parte del INEE”.
El auditor informó que la fiscalización de la Reforma Energética, implementada en el periodo 2013-2017, evidenció que los resultados no reflejan un avance en el cumplimiento de sus fines, dado que la inversión en el sector se redujo 59.7 por ciento en 2017, al igual que la extracción de crudo, que disminuyó 6.2 por ciento en promedio anual.
En torno a los recursos gastados en la reconstrucción de las viviendas dañadas por los sismos de septiembre de 2017, dijo que los damnificados no recibieron recreos suficientes, pue se acreció de un padrón ni procedimientos de entrega de dinero confiables.
“En la reconstrucción de vivienda se observa que el esquema de participación desarrollado por el entonces SEDATU, BANSEFI y la CONAVI, fue insuficiente para alcanzar el entorno de normalidad social y económica entre la población previo a los daños ocurrido. La población damnificada estimada en 506 mil 298 personas no recibieron las acciones suficientes por parte de las autoridades, en virtud de que se detectaron fallas en los mecanismos de control de SEDATU y BANSEFI. Por lo que se refiere a SEDATU no contó con un censo y un padrón eficiente y confiable de las viviendas afectadas y BANSEFI no dispuso de procedimientos para la entrega confiable y oportuna de los recursos”.
En la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco, dijo que “no existió una visión integral del proyecto”, en el desarrollo del Tren Interurbano México-Toluca hubo deficiencias en la planeación y el Paso Express tuvo gasto en demasía, informó.
Sobre las declaraciones del Presidente de la Republica de los abusos en instituciones, dijo que son intolerables, por lo que se toma nota para actuar en consecuencia, pero siempre bajo el principio de autonomía e independencia.
