En ese marco Jan Jarab, representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), recomendó a los legisladores desarrollar un programa de fortalecimiento real de las corporaciones civiles y, con ello, permitir el retiro paulatino, ordenado, planificado, medible y verificable de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública.
Señaló ante diputados el tamaño del desafío del nuevo gobierno en materia de seguridad, heredado por las estrategias de administraciones anteriores.
Indicó que en 2018 los homicidios han llegado a los niveles más altos del siglo, el crimen organizado ha infiltrado a muchas autoridades públicas y los indicadores en materia de derechos humanos son igualmente preocupantes.
Expuso que desde 2006 el número de desaparecidos, torturados, ejecutados extrajudicialmente, detenidos arbitrariamente y la violencia en contra de periodistas y defensores se dispararon, generando la cifra abrumadora de más 38 mil personas oficialmente registradas.
En tanto se poseen centenares de fosas clandestinas. “Ese es el tamaño del desafío que enfrentan las nuevas autoridades federales”, advirtió.
En la reunión, donde se analizó el dictamen que reforma los artículos 13, 16, 21, 31, 32, 36, 55, 73, 76, 78, 82, 89 y 123 de la Constitución, respecto a la creación de la Guardia Nacional, el representante de la ONU-DH coincidió en varios cambios de enfoques contenidos en la estrategia de seguridad del actual gobierno.
Ello, apuntó, porque en primera instancia se busca materializar la paz y superar la lógica de guerra; transitar hacia una regulación menos represiva en la política de drogas, combatir la corrupción y priorizar la prevención.
Sin embargo, consideró preocupante la definición de la Guardia Nacional como militarización de la seguridad pública; desde el 2008, comentó, este organismo ha advertido que esta decisión sería problemática en términos de derechos humanos.
En tanto, la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Miroslava Carrillo Martínez, de Morena, explicó que la Guardia Nacional se encargará de la prevención del delito y el combate a la delincuencia en todo el país, así como preservar la paz pública y los bienes y recursos de la nación.
En tanto Pablo Gómez Álvarez, de Morena, señaló que con la Guardia Nacional se busca tomar una parte de la policía, es decir hacer una cirugía y empezar a integrar un nuevo cuerpo que esté sometido a las leyes civiles, que tenga una disciplina y paulatinamente se dé una salida que permita construir una corporación que no caiga en la red del Estado corrupto.
En tanto la diputada Tatiana Clouthier Carrillo, también de Morena, pidió analizar con precisión los artículos 16 y 21, porque se incluye tanto a la seguridad pública como a la privada; y el 129 constitucional habla que en tiempo de paz no pueden ocuparse a las Fuerzas Armadas en la seguridad.
“No podemos estar en un mando militarizado en un país democrático”, dijo y propuso que la corporación esté encabezada por un civil o sea un mando mixto, como en otros lugares en el mundo.
La Comisión se declaró en sesión permanente, a fin de continuar el análisis del dictamen.
