Ciudad de México, 26 Abril (MENSAJE POLÍTICO /CÍRCULO DIGITAL).-El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, aseveró que la iniciativa del Ejecutivo Federal, que busca facultarlo para reorientar los recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) en casos de emergencia económica, vulnera la separación de poderes y atenta contra una atribución exclusiva de la Cámara de Diputados.
“Ante la emergencia por la pandemia de Covid-19, el Ejecutivo Federal recurre a un perverso propósito de quitar atribuciones consagradas en la Carta Magna al Poder Legislativo en materia presupuestal. Que quede claro: en Acción Nacional queremos hacer todo para ayudar a las familias, recobrar su salud y su economía, ¡pero así no presidente!”, manifestó en un comunicado.
El pasado jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una iniciativa que plantea adicionar el artículo 21 Ter de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e incluir un artículo transitorio, para establecer un procedimiento bajo la figura de emergencia económica.
El líder parlamentario comentó que la propuesta no precisa el concepto de emergencia económica, no señala quién la puede declarar, por cuánto tiempo estaría vigente y cuáles serían sus medios de control. “Y para rematar, no considera a la Cámara de Diputados para la realización de las adecuaciones presupuestales. Se pretende que renunciemos a una de nuestras facultades exclusivas”.
Enfatizó que la postura de los diputados panistas de ninguna manera va contra la asignación de recursos para quienes se han visto sumamente golpeados en su salud, sus ingresos por la pandemia de Covid-19; por el contrario, dijo, “es porque la iniciativa presidencial pretende ignorar, deliberadamente lo establecido en el artículo 74 de nuestra Constitución Política”.
Refirió que la fracción cuarta del precepto 74 constitucional especifica que son atribuciones del Congreso de la Unión aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación y sus asignaciones, “ahora se quiere entregar ese mandato y dejar manos libres al Ejecutivo Federal, lo que implica también que muchas de las actividades sustantivas del Estado podrían correr el riesgo de no atenderse adecuadamente, como la violencia y la inseguridad que se vive a lo largo y ancho del país.
“De manera abierta, la iniciativa presidencial vulnera la separación de poderes, pone en riesgo el funcionamiento del sistema democrático y denota un afán de concentrar más poder hacia el Ejecutivo que, además, lo ha ejercido con serias deficiencias. ¡Si se nos pide respeto, lo exigimos también en reciprocidad!”, subrayó.
Romero Hicks aseguró que el procedimiento que pretende la iniciativa del presidente López Obrador ya está considerado en el artículo 21 constitucional; “estamos para colaborar en una reasignación presupuestal que atienda la crisis de manera integral: salud pública, economía e ingreso familiar, gobernanza e inseguridad social.
“El decreto habla de una emergencia económica pero, a falta de precisiones, pensamos que puede inspirarse en otro tipo de causales, como la implementación de políticas públicas erróneas e ineficaces en materia de inversión y empleo, lo que ha derivado en la inestabilidad actual de nuestros indicadores macroeconómicos y el decrecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), en otras palabras: la crisis por la que atraviesa el país”, apuntó.
“El verdadero riesgo que vemos en las circunstancias actuales es que, como medida desesperada por la falta de recursos, el presidente López Obrador decrete una emergencia económica y busque adecuaciones del gasto para subsanar los resultados de la propia irresponsabilidad en la toma de decisiones gubernamentales”, abundó.
Destacó que entre las y los diputados federales del PAN existe la coincidencia de que el presidente pretende blindar los proyectos prioritarios que le interesan, como el aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya, haciendo a un lado las necesidades más urgentes de la población en salud, empleo y atender los reclamos de los sectores social y privado.
Modificar el Fondo Metropolitano invade atribuciones de municipios y estados
“Estamos en contra del cambio que pretende realizar el Gobierno Federal a los recursos del Fondo Metropolitano, porque es una invasión de atribuciones de estados y municipios de las zonas metropolitanas. Está considerando reorientar ese gasto solamente con la aprobación de cinco representantes del Gobierno Federal y ninguno de las autoridades locales interesadas”, externó el líder parlamentario.
Comentó que para este año, la Cámara de Diputados aprobó un monto de 3 mil 300 millones de pesos para distribuirlo en las 74 zonas metropolitanas. El 30% de ellas tienen un menor índice de Desarrollo Humano, por lo que se les asignan recursos anualmente para construcción de infraestructura pública, equipamiento en materia de servicios básicos, infraestructura vial, movilidad urbana y espacios públicos.
Romero Hicks indicó que se debe legislar para canalizar la mayor cantidad de recursos para las familias mexicanas en esta etapa nunca antes vista por las actuales generaciones de mexicanos, pero antes se tiene que modificar la redacción de su propuesta presidencial.
“Como está el planteamiento, no puede quedar a la discrecionalidad del Ejecutivo la reorientación de los recursos y programas y proyectos para atender una emergencia económica, sanitaria y en apoyo al bienestar social”, expresó.
El líder de la bancada panista exhortó a todos los actores del país a avanzar en la necesidad de un Acuerdo Nacional y explorar la posibilidad de crear el Consejo Económico de Emergencia, conformado por el Poder Legislativo, los tres órdenes de gobierno, los tres poderes públicos, la sociedad civil y órganos autónomos relacionados con el tema (Inegi, Coneval, Banxico, por citar algunos), sectores económico, social, académico, con el fin de definir acciones en un ambiente democrático.
