Investigadores del GIEI dicen que fueron espiados para entorpecer la investigación del caso Ayotzinapa

El espionaje forma parte de lo que los investigadores califican como una campaña de acoso e interferencia que, acusan, obstaculizó sus indagatorias sobre el caso de 43 estudiantes que desaparecieron tras enfrentamientos con la policía en septiembre de 2014 y cuyos cuerpos fueron presuntamente incinerados. Los investigadores, que fueron nombrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dicen que se toparon con muchos obstáculos en su trato con el gobierno mexicano, como el rechazo a compartir documentos o permitir la realización de entrevistas clave e, incluso, con una indagatoria penal en represalia a su trabajo.

Ahora hay evidencia forense que demuestra que los integrantes del grupo también fueron blanco de tecnología de espionaje.

De acuerdo con un análisis independiente, el principal enlace del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) recibió mensajes de texto con un hipervínculo que escondía un programa espía llamado Pegasus, un arma cibernética que el gobierno mexicano compró por decenas de millones de dólares. Ese teléfono celular del secretario ejecutivo del grupo fue usado por casi todos los integrantes del GIEI al fungir como un nexo de comunicación entre los investigadores, sus fuentes, la CIDH y el gobierno de México.

Además, los miembros del GIEI que indagaban la desaparición de los 43 estudiantes normalistas dicen que recibieron mensajes SMS idénticos en sus teléfonos propios, que los incentivaban a darle clic a un enlace que, de manera secreta, convierte al celular en un aparato de espionaje al posibilitar el monitoreo de las llamadas, los correos, los mensajes de texto, calendarios, contactos y hasta la cámara y el micrófono. Incluso los mensajes encriptados que lleguen a o sean enviados desde el teléfono se vuelven inservibles ya que el software ha sido descargado inadvertidamente.

El esfuerzo para espiar a funcionarios internacionales es la revelación más reciente de una ofensiva espía en México, donde algunos de los principales periodistas, defensores de derechos humanos y activistas anticorrupción y antiobesidad han sido afectados por la misma tecnología, Pegasus.

No obstante, la nueva evidencia comprueba que la campaña de espionaje fue mucho más allá de los críticos en casa: al tener como blanco a los miembros del GIEI, afectó a oficiales internacionales que tenían una suerte de inmunidad diplomática y un acceso sin precedentes para investigar un caso que se ha vuelto paradigmático de la situación de los derechos humanos en México y, con ello, parte clave del legado del presidente Enrique Peña Nieto.

Según las leyes mexicanas, la vigilancia solo puede ser realizada con el aval de un juez federal y únicamente cuando el gobierno tiene causales bien justificados. Sin embargo, la inmunidad diplomática del GIEI implica que sería muy improbable que algún juez federal hubiera firmado una orden para espiarlos, de acuerdo con los integrantes del grupo.

“No estás interviniendo el teléfono de cualquiera, sino de alguien que tiene inmunidad”, dijo Francisco Cox, abogado chileno y uno de los integrantes del grupo. “No podían ni siquiera revisar mis maletas en el aeropuerto”.

“Si esto le puede suceder a un órgano independiente que tiene inmunidad y que fue invitado por el mismo gobierno, da miedo pensar qué le podría pasar a un ciudadano común en México”, añadió Cox.

Desde 2011, México ha gastado por lo menos 80 millones de dólares en el programa espía, que se comercializa de manera exclusiva a gobiernos y con la condición de que sea utilizado solo contra delincuentes y terroristas. Pero una investigación hecha por The New York Times y analistas forenses determinaron que el software ha sido empleado contra académicos, abogados, periodistas y sus familiares, incluido un adolescente.

El gobierno ha negado ser responsable del espionaje, al afirmar que no hay huellas que dejen saber exactamente quién intervino un teléfono con Pegasus. Aunque ha prometido una investigación a fondo; la Procuraduría General de la República anunció que solicitará apoyo al FBI y a las Naciones Unidas para su labores.

Sin embargo, Roberta Jacobson, la embajadora estadounidense en México, dijo que ese apoyo no ha sido oficialmente solicitado y que no están involucrados en la investigación. Legisladores de la oposición y funcionarios internacionales han pedido que haya una investigación independiente al acusar que México no es capaz de indagarse a sí mismo.

“A primera vista, el caso –suponiendo la veracidad de estas afirmaciones– es suficientemente serio como para justificar la creación de una comisión internacional”, dijo James Cavallaro, comisionado de la CIDH. “La comisión comparte las preocupaciones de otros: ¿cómo se puede confiar en que el gobierno investigue su presunta violación de los derechos de sus ciudadanos dados los antecedentes que tiene en este caso?”.

Otra comisionada, Esmeralda Arosemena de Troitiño, respaldó el llamado para una indagatoria independiente y dijo que las acusaciones son “extremadamente preocupantes”. “Está investigación debe establecer las responsabilidades tanto materiales como intelectuales de las supuestas acciones de espionaje”, dijo.

Políticos de alto rango de la oposición han dicho que también fueron blanco de Pegasus, lo que amplía el alcance de la pesquisa y aumenta la presión en contra del gobierno para que este responda. El presidente del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya, dijo que su agrupación solicitará de manera formal el establecimiento de un comité legislativo para llevar a cabo su propia indagatoria.

“La gran tragedia de México es la impunidad. Suceden cosas horribles y no pasa nada”, dijo. “Esta vez no vamos a dejar que sea así”.

La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014, ha causado indignación en México. Cientos de miles de personas se han manifestado en protesta contra el suceso, que muchos ven como una representación de todos los males que afectan al país, donde alrededor de 30.000 personas están desaparecidas y más de 100.000 han sido asesinadas a lo largo de una década de guerra contra el narcotráfico.

El enojo por el caso de Ayotzinapa también ha tenido como foco al presidente Peña Nieto, cuyo afán por cambiar la percepción sobre México de una nación sumida en la violencia a una de promesas económicas se topó con una realidad distinta. La indignación se mantiene pues, casi tres años después, la mayoría de los jóvenes siguen oficialmente desaparecidos. (Habrían sido identificados los restos de Alexander Mora Venancio, quien tenía 19 años, y parcialmente los de Jhosivani Guerrero de la Cruz, de 20).

Muchos mexicanos sentían que los expertos representaban la oportunidad de descubrir qué les sucedió realmente a los estudiantes; pero los integrantes del GIEI dijeron que el gobierno obstruyó sus pesquisas y luego básicamente los expulsó al rehusarse a extender su mandato lo que, según ellos, evidencia que el gobierno simplemente no quería que el caso fuera resuelto.

Sin embargo, es difícil comprobar sus acusaciones. Incluso el fabricante de Pegasus, la empresa israelí NSO Group, dice que no puede determinar quién es responsable de intentos específicos de hackeo. Pero la empresa dice que solo le vende el programa a gobiernos y que este tiene salvaguardias específicas que no permiten que la tecnología sea usada afuera de las agencias gubernamentales que la adquieren.

Además, una vez que un celular es infectado con Pegasus, los analistas informáticos pueden identificar los rastros del código de NSO Group en el teléfono al examinar el mensaje para ver si el enlace tenía vínculos a algún servidor con tecnología de NSO; así han confirmado el uso del programa en al menos 19 casos que involucran a los periodistas, activistas y defensores mexicanos y, ahora, oficiales internacionales.

“Citizen Lab y nuestros socios estamos encontrando a personas afectadas por el programa espía de NSO prácticamente donde sea que volteamos a ver en México”, dijo John Scott-Railton, investigador sénior de Citizen Lab, parte de la Facultad Munk de Asuntos Globales de la Universidad de Toronto y el cual ha colaborado con el grupo de derechos digitales mexicano R3D para identificar los rastros de Pegasus en los teléfonos de personas afectadas.

“Nunca he visto nada que se compare con la escala y el alcance de este caso”, dijo respecto a los intentos de hackeo en México.

De acuerdo con el análisis, los mensajes SMS llegaron al teléfono del secretario ejecutivo del GIEI, el enlace para todos los involucrados en la pesquisa, el 1 de marzo y el 4 de marzo de 2016. Alrededor del mismo momento, otras personas que investigaban el caso fueron víctimas del software, como abogados del Centro Prodh, grupo de defensa de los derechos humanos que representa a los padres de los 43 estudiantes.

“El gobierno mexicano urgió a la comisión a que creara este grupo de expertos y cuando su investigación no ratificó la versión oficial, las cosas cambiaron”, dijo Cavallaro, quien era presidente de la CIDH cuando se dieron los intentos de hackeo. “Si es cierto que el gobierno espió o intentó espiar a nuestros expertos, sería una atrocidad de proporciones históricas”.

Los investigadores le enviaron una carta privada al secretario ejecutivo de la CIDH a finales de junio en el que detallaban sus sospechas después de otro artículo de The New York Times sobre los intentos de vigilancia a los periodistas y defensores de derechos. Además del teléfono, dijeron que otros dos celulares recibieron mensajes sospechosos.

Uno de ellos, enviado en marzo, era de alguien que pretendía ser un amigo cercano cuyo padre acababa de fallecer, contenía un enlace con los presuntos detalles del funeral. Cuando le dieron clic, se abrió el sitio web de una casa funeraria mexicana. Un mensaje muy similar, con el enlace al mismo sitio web, fue enviado el año pasado a un académico que impulsaba un impuesto a los refrescos en México. En el caso de ese académico, se confirmó que el mensaje contenía el software Pegasus.

El GIEI pasaba por una crisis cuando los investigadores habrían sido víctimas del programa espía. La presión del gobierno era cada vez mayor y apenas unas semanas antes los miembros del grupo habían hecho públicas sus acusaciones de que las autoridades los estaban obstaculizando. También estaban a poco menos de dos meses de publicar su informe final, que rechazó la versión oficial o “verdad histórica” del gobierno sobre lo sucedido a los estudiantes desaparecidos.

El misterio comenzó el 26 de septiembre de 2014 cuando estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, intentaron secuestrar unos autobuses. Como lo habían hecho otros años, planeaban usarlos para viajar a Ciudad de México para una marcha en conmemoración de una matanza estudiantil en 1968 y luego regresarlos; era una tradición que las empresas de camiones y las autoridades usualmente toleraban.

Pero esa noche de pronto se volvió en un portento siniestro de la historia reciente de México. La policía abrió fuego contra los estudiantes y los autobuses en los que viajaban, lo que provocó seis muertes y dejó decenas de heridos en Iguala, Guerrero. Los policías después bajaron a los estudiantes a bordo de dos autobuses, los detuvieron y se los llevaron en patrullas. Eran 43.

El gobierno acusa que los oficiales locales, junto con un grupo narcotraficante con el que trabajaban, Guerreros Unidos, secuestraron a los estudiantes, los mataron e incineraron sus cuerpos en un basurero cercano.

Sin embargo, la versión del gobierno nunca dejó claro el motivo y los mexicanos exigieron una investigación independiente. El gobierno aceptó y la CIDH nombró a un grupo de cinco expertos: abogados destacados y activistas del mundo hispanohablante.

Cuando los expertos llegaron a México, tras meses de protestas por la desaparición, había la esperanza de que surgiera otra versión de los eventos y de que pudieran ser hallados los jóvenes. Empezó como algo excepcional: un gobierno receloso que se abría al escrutinio externo.

En pocos meses dejó de ser así y la relación entre el GIEI y las autoridades se deterioró. En su primer informe, el grupo contradijo una parte central de la verdad histórica que la PGR sostenía, al decir que no había evidencia de un incendio suficientemente poderoso como para haber incinerado 43 cuerpos y que ningún hueso o fragmento entre los restos coincidían con los de los desaparecidos.

La acrimonia se hizo sentir. Algunos periódicos mexicanos publicaron reportes críticos del GIEI y una persona fue invitada a hablar en una universidad local tras acusar a una de las integrantes del grupo, la colombiana Ángela Buitrago, de haber fabricado pruebas. Luego, las autoridades abrieron una investigación contra el entonces secretario ejecutivo de la CIDH por denuncias infundadas de que hubo fraude en el manejo de los fondos mexicanos destinados para la comisión.

“Siempre trabajamos de buena fe, y entramos con el corazón y los ojos abiertos”, dijo Cox, el chileno. “Nuestro propósito era contribuir al Estado de derecho en México”.