Ciudad de México, 17 de Junio (MENSAJE POLÍTICO/CÍRCULO DIGITAL).-Desde la Dirección General de la Auditoría Forense de la Auditoría Superior de la Federación, Buchahin Abulhosn expuso públicamente los esquemas de desvío de recursos públicos conocidos como “Estafa Maestra”
El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) demandó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) enviar a la Comisión Permanente, en un plazo no mayor a 10 días hábiles, un informe en el que explique las razones por las que la funcionaria Muna Dora Buchahin Abulhosn fue removida de su cargo en la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Mediante un punto de acuerdo, senadores del PAN pidieron también a la SFP informar cuáles son las ocho auditorías que Buchahin Abulhosn dejó pendientes al ser separada de su cargo, su estatus y el nombre del servidor público responsable de concluirlas.
Los legisladores expusieron que, en el combate a la corrupción, Muna Dora Buchahin Abulhosn “es un caso excepcional”, pues desde la Dirección General de la Auditoría Forense de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) expuso públicamente los esquemas de desvío de recursos públicos conocidos como “Estafa Maestra”.
La funcionaria, agregaron, demostró cómo diversas dependencias federales desaparecieron más de 7 mil 700 millones de pesos a lo largo de la administración de Enrique Peña Nieto.
Sin embargo, señalaron, el pasado 23 de mayo, Buchahin Abulhosn dio a conocer públicamente que fue despedida sin causa justificada, por lo que solicitó se le informaran las razones por las que era despedida, sin que obtuviera respuesta alguna.
“Pareciera que el premio a la honradez y al trabajo reconocido internacionalmente no fue tomado en cuenta a la hora de su despido de forma abrupta e injustificada”, manifestaron los legisladores panistas.
Casualmente, su salida se da después del nombramiento de David Rogelio Colmenares Páramo como titular de la ASF, señalado por sus vínculos con el PRI, y avalado por los diputados de Morena, destacaron.
Pot otro lado, apuntaron que, tras el despido de la funcionaria, se han quedado sin resolver ocho auditorías forenses y existen cinco propuestas más para integrar el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior 2017.
Dos de éstas, agregaron, se refieren a denuncias documentadas y vinculadas con la Secretaría de Desarrollo, Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y sus convenios con instituciones públicas de educación superior en 2016, con desvíos por 275.2 millones de pesos, descubiertos durante la ejecución de auditorías en diciembre de 2017.
El 30 de mayo pasado, indicaron, la Unidad de Asuntos Jurídicos de la ASF se negó a autorizar auditorías con base en denuncias documentadas que advierten de desvíos por 275.2 millones de pesos, operados por el equipo de la titula de Sedatu, Rosario Robles Berlanga.
“Los servidores públicos que hacen su trabajo deben ser reconocidos, no corridos. La impunidad, el amiguismo y los tratos especiales no son acordes con la democracia”, señalaron.
Los legisladores consideraron que instituciones tan importantes para el país como la ASF deben tener como principios rectores la legalidad y la transparencia.
El punto de acuerdo se turnó a la Primera Comisión de la Comisión Permanente para su análisis y dictamen.
