Ciudad de México a 30 de Marzo (JUAN R. HERNÁNDEZ/CÍRCULO DIGITAL).-En el “1er Encuentro entre Legisladores, Académicos y Jueces sobre Justicia Constitucional Local”, los participantes coincidieron en la necesidad de reformar la Carta Magna para que los estados de la República puedan resolver sus problemas constitucionales mediante sus instancias jurisdiccionales, sin tener que recurrir al Poder Judicial Federal.
En el evento organizado por la Comisión de Justicia, que preside el diputado Álvaro Ibarra Hinojosa (PRI), legisladores, académicos y especialistas conocieron la petición ciudadana en materia de justicia constitucional local y resaltaron la importancia de apoyarla, ya que permitirá agilizar los procesos y la justicia.
El secretario de la instancia legislativa, diputado Arturo Huicochea Alanís (PRI), reconoció que el tema es técnico, pero tiene una amplia relación con la vida de la ciudadanía, ya que si hay controversias, por ejemplo, en seguridad social, sí les atañe, sobre todo “cuando es amenazado, cancelado, suspendido y deteriorado ese derecho”.
Se congratuló por iniciar el análisis de este tema. Será un debate interesante, ya que se presentarán diferencias en cuanto al cómo, hasta dónde y cuándo. Hizo votos para que se alcance el mayor de los consensos, ya que la propuesta busca la recuperación del México original.
De MC, el diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco resaltó que la justicia local debe fortalecerse, analizar no sólo el papel del Poder Judicial sino el de los ejecutivos locales, “que normalmente tienen una injerencia terrible, tanto en los nombramientos, la elección de sus integrantes y el tema de los recursos, así como la profesionalización de la carrera judicial”.
Con estos cambios, afirmó, se podrá agilizar la justicia; que los gobernadores tengan acceso a ella, de forma pronta. “Hoy lo que vemos es que las instituciones están colapsadas; se está buscando tener una justicia que no existe y está alejada de los ciudadanos o es para unos cuantos; la propuesta es buena y sentaría un excelente precedente”.
La diputada María Gloria Hernández Madrid (PRI) argumentó que este encuentro ayudará a tener una mejor propuesta, la cual permitirá fortalecer el sistema de impartición de justicia para los estados y los ciudadanos.
A través de este ejercicio, se buscará que la justicia constitucional local sea una realidad. “Estaremos dando un gran paso en esa dirección; se tendrán observaciones mínimas pero con amplios consensos”.
Pedro Antonio Enríquez Soto, magistrado presidente de la Sala Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia del estado de Nayarit, señaló que la reforma constitucional de 2011, replanteó la posibilidad de que la protección de los derechos humanos se dé desde lo local; por ello, es oportuna y necesaria esta propuesta para establecer bases en la Carta Magna federal que cree un modelo de justicia constitucional en el país.
Las constituciones de los estados tienen auténticas normas que reúnen las características con que deben contar los sistemas de control jurisdiccionales para asegurar su vigencia y permanencia en cada entidad. “Se deben alcanzar consensos, la apuesta debe ser la protección de los derechos humanos desde lo local y abandonar la tradición histórica de que este monopolio es una protección de los jueces federales”.
El magistrado de la Tercera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del estado de Chihuahua, Leo David Alvarado Roldán, calificó de relevante que hoy se dé inicio a la discusión de la justicia constitucional local y se pronunció por elevar a rango constitucional el establecimiento de un modelo base de control, ya que viven un alto grado de vulnerabilidad los órganos de justicia.
“La defensa de las constituciones locales es un tema que amerita establecer a nivel constitucional esta regulación. Celebro que sea en este momento cuando se haga esta propuesta, ya que hay una necesidad de otorgar cierta uniformidad que permita un desarrollo adecuado y precisar un abanico básico de control”, añadió.
De la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, el académico Giovanni Azael Figueroa Mejía, señaló que estas reformas son importantes para revertir la dinámica y dejan ver las pocas sentencias de las salas locales. Añadió que más de 20 entidades contemplan mecanismos de control constitucional, por lo regular en temas de controversias, “pero como no está desarrollada la legislación secundaria, esa es inoperante”.
Alertó que en un Estado federal convergen dos sistemas de justicia: federal o central, cuyo objetivo es proteger los contenidos de la Constitución federal, y local o periférico, el cual debe fortalecerse para garantizar que se respeten y regresar la regularidad constitucional de las cartas magnas locales, cuando éstas son violentadas.
Pedro Rodríguez Chandoquí, miembro del Instituto de Derecho Parlamentario de la Universidad Complutense de Madrid, mencionó que la iniciativa es interesante, porque determina cuál es el rol que debe asumir el legislador en un proceso de concreción constitucional, ya que busca homogenizar las variantes que existen en las cartas magnas de los estados.
Añadió que las entidades federativas han tenido mayor movilidad y creatividad sobre los mecanismos de defensa de la Constitución y de los derechos humanos. “Esta iniciativa busca homogenizar, intenta meter en un molde y resaltar todo lo que han hecho los diversos estados. Faltan temas por discutir, pero es trascendente porque busca darle forma al movimiento de jurisdicción constitucional local”.
Emanuel López Sáenz, autor de la petición legislativa ciudadana en materia de justicia constitucional local, resaltó que esta es la primera propuesta de reforma en este tema en ambas cámaras del Congreso de la Unión, y recordó que el antecedente de la justicia constitucional local se dio en el año 2000 en Veracruz.
Con esta propuesta, se plantea poner estándares mínimos que prioricen un proceso de designación, composición y establecimiento generales que deban los estados prever en sus constituciones para efectos de generar órganos de control que sean más imparciales y legitimados.
La carga que tienen los tribunales federales no se compara con los locales. Al permitir tener justicia constitucional regional, se podrá lograr un acceso más rápido, pronto y expedito para los ciudadanos para hacer valer o restituir derechos humanos que han sido violentados.
En la actualidad, expuso, sólo 24 estados tienen en sus constituciones mecanismos de control; sin embargo, solo 13 de ellos, cuentan con una ley donde definen el procedimiento adecuado para hacerlos valer, es decir, el 41 por ciento.
“Estamos hablando de que menos de la mitad de las entidades tienen justicia constitucional local; se requiere que los ciudadanos accedan a ella o los poderes constituidos locales, tratándose de controversias de acciones de constitucionalidad”.
López Sáenz consideró fundamental contar con elementos mínimos de control constitucional que permitan tener una justicia más completa, permitir que los estados que hoy cuentan con leyes en esta materia permanezcan y quienes no tengan las impulsen. “Esta propuesta, está en pro del federalismo y de la ciudadanía para un mayor acceso a la justicia”.
Se establece que los poderes judiciales de los estados cuenten con salas constitucionales para una mayor especialización en este tipo de sistemas; en los procesos de selección se busca la participación de los tres poderes; que el Consejo de la Judicatura local sea el que establezca exámenes de oposición; los congresos locales designen con la mayoría de dos terceras partes a los magistrados; la duración mínima de los magistrados constitucionales sea de siete años y no esté sujeto a un plazo de un gobierno y pueda ser reelecto.
