Durante un histórico acto de protesta en el edificio del Palacio de Justicia Federal en San Lázaro, el magistrado Luis Vega Ramírez, presidente de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del PJF afirmó que el conflicto entre poderes por la Ley Federal de Remuneraciones no sólo implica la reducción salarial sino una afrenta directa contra la independencia judicial.
“Señalan cantidades excesivas como que percibimos más de 600 mil pesos que no corresponden ni cercanamente a la realidad, para centralizar como foco de atención un mero asunto de salarios. Nada más falso”, dijo.
“El componente salarial es sólo una de las variables que conforman la independencia judicial, sin embargo, el conjunto de medidas legislativas que se han emprendido que incluyen rotación constante de juzgadores, la aplicación de controles de confianza y criterios de género y la designación de los consejeros de la judicatura por parte del Senado para controlar la administración y disciplina interna, se dirigen de manera frontal y sistemática a establecer mecanismos para facilitar la intromisión indebida en contra de la judicatura por parte de los otros Poderes de la Unión, lo que es injustificable a la luz del principio de la división de poderes”.
La lectura del posicionamiento se dio en 30 sedes a nivel nacional y contó con la participación de 1410 juzgadores.
La Ley Federal de Remuneraciones regula el artículo 127 constitucional que establece que ningún servidor público puede ganar más que el Presidente de la República.
El titular del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, afirmó en campaña que ganaría 108 mil pesos mensuales por lo que la consecuencia natural de la promulgación de la ley es la reducción salarial de quien gane más de esa cantidad.
Sin embargo, el artículo 94 constitucional establece que los salarios de jueces, magistrados y ministros no pueden ser reducidos mientras duren en el encargo.
En el PJF quienes ostentan los salarios más altos son los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con 268 mil 215 pesos mensuales, no 600 mil pesos como ha afirmado López Obrador.
Por esta razón, la Asociación emprendió una estrategia de litigio mediante la presentación de diversas demandas de amparo contra la ley mediante un escrito modelo.
A estas se han sumado otros integrantes del PJF y otras dependencias como PEMEX, Comisión Federal de Competencia Económica, Procuraduría General de la República, IPN, Comisión Federal de Electricidad, CISEN, Instituto Nacional Electoral y el Servicio de Administración Tributaria.
En total van 862 demandas de amparo que presentaron 4 mil 74 quejosos, de ellos 351 son jueces, 383 magistrados, mil 414 secretarios, 308 actuarios, 712 oficiales y el resto son externos.
El viernes pasado el ministro Alberto Pérez Dayán ordenó suspender la Ley Federal de Remuneraciones, por lo que la Cámara de Diputados deberá elaborar el PEF 2019 con las reglas de la Constitución con las que elaboró el presupuesto de 2018.
