Martínez Fisher y OSCs analizan incidencia de accidentes viales por consumo de alcohol
CIUDAD DE MÉXICO, 13 de julio, (CÍRCULO DIGITAL).–Las organizaciones de la sociedad civil propusieron a la diputada Margarita Martínez Fisher, presidenta de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, prohibir que los establecimientos mercantiles, con el giro de venta de bebidas alcohólicas cuenten con cajones de estacionamiento con el objetivo de disminuir los incidentes viales causados por el consumo de bebidas alcohólicas.
De acuerdo con José Casas Alatriste, integrante de la mesa directiva de Bid Polanco, Bienestar Imagen y Desarrollo (asociación de comercios establecidos en Polanquito), con la medida se desincentivaría, entre los asistentes, el uso de vehículos automotores.
En audiencia pública celebrada en las instalaciones del órgano legislativo, ejemplificó que la propuesta derivó de un pacto asumido por diversas organizaciones civiles denominado Soy Responsable, que busca concientizar a la población, principalmente joven, respecto de no manejar cuando han ingerido bebidas alcohólicas.
La diputada del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional consideró pertinente trabajar de la mano con estas organizaciones y otras de la sociedad civil, la finalidad es modificar Ley de Administración Pública local y así tener una solución a esta problemática.
Erick Díaz Meloy, de la organización civil Convivencia sin Violencia, sugirió que también se podría reformar la Ley de Cultura Cívica, a fin de que las personas que causen riñas en los establecimientos y se compruebe que están bajo influjos del alcohol sean remitidos al juez y su arresto sea inconmutable.
Marcela López Brun, coordinadora del Programa de Prevención de Accidentes por Abuso de Alcohol Chema.Link, agregó que cuando haya pérdidas humanas como consecuencia de accidentes automovilísticos y la causa sea porque el conductor esté alcoholizado, la reparación del daño debe ser integral.
Consideró que en muchas ocasiones, el juez no toma en cuenta el daño moral. Detalló que una persona que enfrenta la muerte de algún integrante de su familia a causa de accidentes automovilísticos, tarda entre dos y cinco años en reponerse emocional y moralmente.
A la audiencia también asistió Paola Gómez Martínez, en representación de Laura Ballesteros, subsecretaria de Planeación de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI), quien subrayó que se necesita destinar presupuesto específico para la seguridad vial.
También urgió a implementar una Agencia de Gestión de Seguridad Vial, ya que actualmente la capital del país no cuenta con un organismo para monitorear cuestiones de vialidad, tránsito de peatones hasta circulación de vehículos.
Finalmente, la diputada Dunia Ludlow Deloya (PRI), integrante de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, subrayó que se debe continuar priorizando la seguridad vial del peatón.
