México carece de un control para prevenir el maltrato infantil
CIUDAD DE MÉXICO, 12 de julio, (JUAN R. HERNÁNDEZ / MENSAJE POLÍTICO / CÍRCULO DIGITAL).- Luego de darse a conocer el hallazgo de cuatro menores de edad que vivían en condiciones insalubres en un domicilio del Centro, así como el del niño Anthony, encadenado en un domicilio de la Gustavo A. Madero, la organización Early Institute señala que estos casos representan un claro ejemplo de violación sistemática a los derechos fundamentales de los niños.
“Sobre todo los más esenciales como el cuidado a su vida, especialmente durante sus primeros años de desarrollo; su derecho a la salud integral; el acceso a la educación; y su derecho a formar parte de una familia que les brinde las condiciones óptimas de bienestar”, señala.
El Doctor en Derecho y consejero especialista de Early Institute, Rafael Estrada Michel, advierte que estos lamentables casos se suman a la lista de hechos registrados en semanas recientes, “que dan cuenta de la situación de vulnerabilidad por la que atraviesan cientos de menores en nuestro país, sin que exista un control, diagnóstico o balance real de esta problemática a nivel nacional”.
En 2014, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de la Ciudad de México reportó 447 casos de maltrato infantil a niños y niñas, siendo los de seis a ocho años los que registraron los números más altos de reportes (125).
“Actualmente en México no existen datos certeros, ni cifras oficiales que permitan dimensionar cuántos niños y niñas se encuentran en un estado de abandono y sufran las distintas formas de violencia doméstica o cualquier otra que signifique una violación a sus derechos fundamentales”, indica el especialista de Early Institute.
El también catedrático de la Universidad Panamericana puntualiza que, en la práctica, tanto el gobierno federal, como los gobiernos estatales y municipales cuentan con diversas instancias y sistemas para la protección de los derechos de los niños que aún no se encuentran plenamente unificados.
Por el contrario, existe una alta dispersión normativa e institucional, de tal suerte que el interés superior de la infancia aún no es plenamente comprendido por los tomadores de decisión como un principio esencial de nuestra vida, finalizó.
