Al participar en la celebración del Día Internacional de Protección de Datos Personales, subrayó que durante el proceso de construcción de la cultura de la transparencia en los últimos 40 años, los servidores públicos han tenido que comprender plenamente que la información pública lo es porque pertenece a todos.
“Por lo tanto estamos obligados a ponerla a disposición de toda persona, ya sea exhibiéndola de manera permanente o facilitándola cuando sea solicitada”, sostuvo.
Esto cobra importancia si consideramos que nuestra sociedad vive en el marco de una democracia y, por ende, debe ser una comunidad abierta, en la que prevalezca el diálogo y el intercambio de ideas entre las personas que la integran.
Recordó que la expedición de dos leyes generales que establecen el marco para asegurar la transparencia de todas las instituciones del Estado mexicano, así como la protección de datos personales bajo su resguardo es, sin duda, resultado de una etapa de maduración en la que hay avances innegables.
A partir de la reforma constitucional de derechos humanos en el año 2011, dijo, la CNDH adquirió la facultad de investigación en torno a los casos de violaciones graves a los derechos humanos y asumió, en 2015, con la Ley de Transparencia, la obligación de hacer públicos los expedientes respectivos que obrasen en su poder.
Como resultado de ello, los organismos autónomos “ya no podemos autorregularnos en materia de transparencia, sino que estamos sujetos a la jurisdicción del organismo público garante de la transparencia”, puntualizó.
González Pérez aseguró que la CNDH tiene que garantizar la eficacia de las investigaciones y de la acción protectora de los derechos humanos, al mismo tiempo que debe brindar el acceso a la información pública que posee y hacerlo en los términos que mandatan las leyes especiales para ello.
Sin embargo, reconoció que aún existen pendientes en la agenda del debate público, como discutir los alcances y límites del derecho de acceso a la información cuando se trata de violaciones a los derechos humanos.
Asimismo, está el de la protección de los datos personales de las personas físicas que en las investigaciones se ven involucradas, particularmente cuando se trata de las víctimas y de los servidores públicos que han ameritado una recomendación o una recomendación por violaciones graves a los derechos humanos en su actuación.
Para ello, aseguró que se requiere que se realice una ponderación entre ambos derechos, a efecto de garantizar que la divulgación de la información no supondrá poner en peligro o riesgo otros derechos humanos que estamos obligados a tutelar.
Para la CNDH, dijo, “es de la mayor envergadura que se garantice el derecho a la verdad y se preserve la memoria histórica sobre todos los hechos que han dañado a la sociedad, como son las violaciones graves a los derechos humanos”.
El ombudsman reconoció que no es tarea fácil y que aún resta camino de reflexión y de discusión para hacer las definiciones y adoptar las decisiones que aún nos hacen falta en el país, por lo que reiteró la mejor disposición de la comisión para impulsar y apoyar este proceso.
