Ciudad de México a 07 de Mayo (AMPRYT/CÍRCULO DIGITAL).-Los migrantes sujetos a proceso penal ya no podrán ser deportados, ni se les negará la residencia temporal, la visa o el derecho a regular su permanencia en el país, de acuerdo con las reformas a los artículos 43, 64 y 144 de la Ley de Migración, aprobadas por unanimidad en el Senado de la República y propuestas por el legislador panista Raúl Gracia Guzmán.
“Reconocemos la importancia de garantizar a las personas migrantes en México el respeto al principio de presunción de inocencia mediante las reformas propuestas. Lo anterior, en correspondencia con los estándares internacionales de derechos humanos, así como en cumplimiento a que señalado en la Constitución”, se indica en el texto avalado por el pleno.
Las personas migrantes, se precisa en el documento, independientemente de su nacionalidad o de su situación migratoria son iguales ante la ley, por lo que es obligación del Estado mexicano garantizar su derecho a la presunción de inocencia.
“En este sentido, lo establecido en la Ley de Migración respecto a que a una persona migrante por ‘estar sujeta a proceso penal’ se le puede negar la expedición de la visa, la internación regular a territorio nacional o su permanencia (artículo 43); se le puede cancelar la condición de residente temporal o permanente (artículo 64); o bien, puede ser deportado del territorio nacional (artículo 144), es contrario al principio de presunción de inocencia y de igualdad ante la ley y los tribunales”, se señaló.
En la Ley de Migración se está violentando el principio de presunción de inocencia, consagrado en el artículo 20 de la Carta Magna, en concordancia con el artículo primero constitucional, argumentó el senador al presentar su iniciativa.
El legislador por Nuevo León destacó que el principio de presunción de inocencia consiste en que toda persona es inocente hasta que no se declare en firme su culpabilidad.
“Estar sujeto a proceso penal no indica que la persona sea responsable de alguna conducta antijurídica”, afirmó el legislador por Nuevo León.
El dictamen fue avalado por el Pleno del Senado con 75 votos a favor y se remitió a la Cámara de Diputados, para continuar con su trámite legislativo.
