*El 58% trabaja sin contrato y el 66% carece de seguridad social
Ciudad de México, 21 de Julio (MENSAJE POLÍTICO/CÍRCULO DIGITAL).- El 66.5% de las y los jóvenes mexicanos, de 15 a 29 años de edad, que forman parte de la población trabajadora asalariada en México, se encuentra en una situación de precariedad laboral (por carencia de prestaciones de ley en salario y condiciones laborales), señaló el doctor Miguel Santiago Reyes Hernández, director del Observatorio de Salarios de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y Puebla.
Así lo dijo al presentar el informe 2018 del Observatorio, ‘Los jóvenes y los mercados laborales’, que documenta la precariedad en las condiciones laborales de la población trabajadora, con énfasis en la población joven (15 a 29 años), en el 2017.
La investigación arrojó que de esa población joven, integrada por un total de 13 millones 302 mil 935 personas, 66.5% tiene condiciones laborales precarias, donde la carencia de un salario digno de acuerdo a la Constitución Mexicana, y la carencia de seguridad social, aportan dos terceras partes de esa precariedad. El otro 33% de la precariedad en las condiciones laborales se debe a la carencia en prestaciones sociales, salud, tipo de contratación y en la jornada laboral.
En el caso específico de la contratación, en la población subordinada joven: no tiene contrato, el 58% (siete millones 757 mil 755); tiene empleo temporal menor a seis meses, el 7% (867 mil 929); tiene empleo temporal mayor a seis meses y hasta un año, el 3% (451 mil 808); y tiene contrato de base, planta o por tiempo indefinido, apenas el 30% (cuatro millones 29 mil 330).
Esta inestabilidad y flexibilidad laboral, a la que se suman los contratos por outsourcing, provoca en las y los jóvenes una falta de compromiso con sus empleadores, quienes los dejan fuera de su esquema laboral, sin posibilidades de mantener su trabajo y mucho menos de crecer dentro de la organización, explicó Reyes.
Al compartir más datos de la población asalariada joven, el Dr. Miguel Reyes agregó que el 50.6% (seis millones 729 mil 238) tiene una jornada diaria de más de ocho horas, comúnmente sin pago de horas extra; y el 27.7% (tres millones 685 mil 688) trabaja menos de ocho horas al día, lo que reduce sus percepciones mensuales.
De esa misma población ocupada joven, carece de seguridad social, el 66% (ocho millones 779 mil 937); únicamente tiene acceso a la salud, el 45% (cinco millones 959 mil 558); carecen de cualquier tipo de prestación social, el 50.6% (seis millones 726 mil 921); y sólo tienen vacaciones, aguinaldo, Infonavit y otras prestaciones superiores a las de ley, el 18.4% (dos millones 437 mil 873).
Las cifras mencionadas reflejan la situación de precariedad, es decir, de no bienestar, de los jóvenes hombres y mujeres que forman parte de “un mercado laboral donde no tienen derechos y donde los derechos sociales consagrados en la Constitución no están siendo efectivos; por lo que esos derechos que tienen las leyes son letra muerta”.
Ingresos menores en los jóvenes
El Dr. Miguel Reyes, quien también es miembro del Instituto de Investigación para el Desarrollo con Equidad (EQUIDE) de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, dijo acerca de los sectores por actividad económica en los que trabajan esos 13 millones 302 mil 935 personas que integran la población joven asalariada, que los primeros cuatro son: industria manufacturera, 20.4%; comercio, 18.9%; agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca, 11.9%; y construcción, 8.8%.
De ese universo de más de 13 millones de jóvenes, no tiene una remuneración digna el 81% (diez millones 642 mil 348), y sus salarios mensuales promedio son menores a las percepciones promedio del total de la población ocupada (de 15 a 64 años de edad).
Por ejemplo, en la industria manufacturera los jóvenes reciben $3,092 pesos, 10.6% menos que la población ocupada ($3,459); en el comercio los jóvenes reciben $2,382 pesos, 8.2% menos que los otros ($2,595); en la agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca se paga a los jóvenes $1,853 pesos, 14.9% menos que su contraparte ($2,177); y en la construcción los de 15 a 29 años ganan $3,579 pesos, 9.2% menos que los de 15 a 64 años ($3,941).
Eso muestra que los jóvenes son, si se considera sólo la edad, “el grupo de población que está en la peor situación en el mercado laboral, y eso no tiene que ver con su falta de experiencia, sino con cuestiones de discriminación por parte de las empresas”, que ahorran gastos en salarios y en prestaciones a sus trabajadores de 15 a 29 años, a quienes dejan en situación de vulnerabilidad, a costa de sus niveles de vida.
Salarios y productividad
En el tema del ingreso de los trabajadores, el investigador del EQUIDE dijo que se requieren hoy de cuatro salarios mínimos para no ser pobre, de acuerdo con la Línea de Bienestar del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval); y de siete salarios mínimos para contar con un salario digno, de acuerdo al derecho a la remuneración mínima adecuada que establece la Constitución.
Mas las brechas entre salarios mínimos oficiales, líneas de pobreza y salario digno que se han ampliado en los últimos años se deben al ‘efecto faro’ y a la desvinculación de la productividad con los salarios. El ‘efecto faro’ consiste en que el aumento del salario mínimo se encuentra vinculado a las expectativas de inflación, y los demás salarios de la economía al salario mínimo. Hoy el ‘efecto faro’, de acuerdo a una estimación del Banco de México, es de 85%; esto es, ante un aumento del 10% en el salario mínimo, los demás salarios de la economía se mueven en 8.5%.
El informe 2018 del Observatorio encontró evidencia de que el efecto faro, que indexa los salarios al salario mínimo, ante el crecimiento económico y la productividad en el país, deja fuera del reparto de ese crecimiento y movimiento en productividad al ingreso de los trabajadores: los salarios. O sea, los salarios están desvinculados de la productividad.
Con datos de las encuestas industriales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el Observatorio de Salarios de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y Puebla calculó que la productividad promedio por trabajador en la industria manufacturera aumentó en los últimos diez años un 19%. En tanto que los salarios reales cayeron; los salarios mínimos, un 8.8%; y los salarios promedio, un 10.1%.
Enfático, Reyes comentó: “La política salarial general y de salarios mínimos debe establecer criterios claros con base no sólo a expectativas de inflación, sino a la productividad. Si el salario mínimo en México hubiera sido determinado con base en el aumento de la productividad, y sin pérdida de poder adquisitivo, debió haber sido de $112.50 pesos, y no de $88.36, para este 2018”.
Recomendaciones de política salarial
Hecha la crítica, en el informe ‘Los jóvenes y los mercados laborales’ se recomienda, como parte de una política salarial, que los aumentos salariales deberían tomar en consideración los siguientes criterios:
Indicador de poder de compra. Aumento de salarios (mínimos y promedio) con base en un índice de costo de vida.
Indicador de eficiencia. Aumentos salariales vinculados a productividad o rendimiento de la empresa.
Indicador regional. El indicador regional debe considerar el efecto conjunto sobre las remuneraciones de dos factores: índice de costo de vida por región y diferencial de productividad por tamaño de empresa.
Indicador de equidad. Reducción de brechas salariales a no más de 1:10, entre el salario más alto y el salario más bajo.
Adicionalmente, el informe 2018 señala que para que esta nueva política salarial ocurra se requiere de cambios en las condiciones operativas; de manera específica: la desaparición de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) y la creación de una comisión plural y representativa de la heterogeneidad de empresarios, trabajadores y ciudadanos en el país, sobre salarios y productividad nacional, dado que las condiciones en las que opera la Conasami actualmente la vuelven una institución obsoleta.
De manera paralela, el informe del Observatorio de Salarios de la IBERO propone construir una política de protección social universal que desligue la seguridad social del trabajo. Este nuevo sistema permitiría:
Desarrollar un sistema universal de protección social básica para toda la población ocupada.
A aquellos trabajadores con mayores salarios, acceder -de manera similar a lo que se realiza en otros países- a mayores prestaciones vinculadas a sus ingresos y contribuciones sin detrimento del piso básico.
Esto, a la vez que respeta la progresividad en las aportaciones a la seguridad social y es garante de la protección mínima, permite el acceso a condiciones especiales o superiores al piso mínimo para aquellos trabajadores con más altos ingresos que puedan financiarlo.
“La reducción de la precariedad laboral implica un giro de 180 grados en la política laboral, hacia una política garante de derechos laborales, como el derecho a una remuneración digna y adecuada, como lo establece la Constitución; a la protección social básica; a las prestaciones mínimas de ley; a un contrato fijo; y a laborar un máximo de ocho horas diarias, para jornadas diurnas; y siete horas, para jornadas nocturnas”.
“Ni los jóvenes, ni la población trabajadora podrán reducir su precariedad y pobreza, ni mejorar su bienestar, sin el ejercicio pleno de sus derechos laborales establecidos en la Constitución y leyes secundarias, como la Ley Federal del Trabajo”, concluyó el doctor Miguel Santiago Reyes Hernández.
