Ciudad de México, 19 de Diciembre (MENSAJE POLÍTICO/CÍRCULO DIGITAL).-Durante la conferencia de prensa del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Senado de la República, se dio la palabra a representantes de la Sociedad Civil, quienes manifestaron su preocupación ante el proceso de selección de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que actualmente se lleva a cabo.
El conflicto, señalaron, radica en la cercanía que las candidatas Loretta Ortiz y Celia Maya García, y el candidato Juan Luis González Alcántara Carrancá, han mantenido en el pasado reciente con el partido Morena, lo que representa un riesgo al no estar resguardado el principio de autonomía de pensamiento, la independencia en el accionar y la garantía de democracia.
El Senador Gustavo Madero coincidió con este argumento y destacó que se trata de un cargo donde la imparcialidad en el criterio y la toma de decisiones debe ser una premisa inalienable, para garantizar la plena y auténtica justicia.
Agregó que, al dar un vuelco a esta situación se brindaría certeza a la ciudadanía mexicana en la impartición de justicia por parte de uno de los integrantes de la Suprema Corte.
Por su parte, el vocero y representante del Colectivo Sentido Común, Manuel E. Tron, destacó que contar con un ministro ligado a una fuerza política, en este caso la que abanderó el Presidente López Obrador, no garantiza la prosperidad del pueblo ni lo beneficia.
“Genera desconfianza y opacidad, dificultando el cambio que el nuevo gobierno ha prometido y que el pueblo de México necesita”, destacó.
Durante el encuentro con los medios de comunicación, la Sociedad Civil presentó sus peticiones que van dirigidas a los Senadores de todos los grupos parlamentarios, entre las que destacan: no violar el principio de división de Poderes; nombrar a candidatos imparciales; tomar en cuenta la opinión de todos los involucrados; considerar los antecedentes y currícula de los candidatos a ministro; elegir a una persona que abone a la formación de una SCJN moderna, en aras a la construcción de un verdadero Estado de Derecho, y llevar a cabo un proceso de aprobación transparente y democrático.
