En la sesión ordinaria del día, la senadora de Morena, Mónica Fernández Balboa, integrante de la mesa directiva de la Cámara alta, subirá a tribuna con un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 35 de la Constitución en materia de democracia participativa.
De acuerdo con la propuesta, los contribuyentes mexicanos no pueden en la actualidad expresar su opinión sobre cómo ha de gastarse el dinero que con mucho esfuerzo aportan a las arcas públicas.
Como ejemplo pone el gasto que se ha destinado a los partidos políticos, lo cual es “sencillamente irracional”, porque ese gasto compite con otros más importantes para los mexicanos, como los concernientes con derechos sociales o el gasto en seguridad pública.
Por ello, la iniciativa establece que tal restricción es contraria a lo dispuesto en el artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y del artículo 35 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, por lo que plantea suprimir la restricción de que el pueblo no pueda ser consultado sobre los gastos del Estado.
“No hay que temer a la democracia directa porque no riñe con la representativa, ni con el Estado de Derecho. La democracia representativa se complementa y mejora con la democracia directa”, se establece en la exposición de motivos.
Por otra parte, la propuesta establece que la disposición actual es extremadamente restrictiva, ya que sin justificación razonable deja de lado la materia electoral, e implícitamente la vida institucional de los partidos políticos.
De igual forma, de acuerdo con la experiencia de otros países, propone abrir la posibilidad a que por razones de interés general el Congreso de la Unión pueda decidir que se celebre una consulta popular en fecha distinta a la jornada electoral general.
Además, se añade la potestad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que al tiempo que hace el control previo de constitucionalidad del objeto de las consultas populares, también lleve a cabo un control de convencionalidad de la conformidad de la consulta popular con los tratados internacionales en materia de derechos humanos vinculantes para México.
También se propone una primera adición a las materias prohibidas a ser decididas por consulta popular de la base 3a. de la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución, que es la potestad inalienable del pueblo a decidir sobre su forma de gobierno establecido en el artículo 39 de la Constitución.
Finalmente, en el proyecto de decreto se establece que es conveniente incluir como objeto prohibido del referéndum el principio de no reelección del presidente de la República suscrito en el artículo 83 de la Constitución.
“La iniciativa que presento, en consecuencia con nuestra historia constitucional, particularmente con el derecho emanado del periodo de la Revolución, prohíbe que se pueda modificar parcialmente el artículo 83 o abrogarse mediante referéndum mediante la adición de una fracción IX al artículo 35 de la Constitución”.
