• Rubén Rocha, Germán Martínez y Cruz Pérez Cuéllar presentarán iniciativa para modificar Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación
Para revertir la reforma al artículo 4º Transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que senadoras y senadores hicieron en 2016 para beneficio directo de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los senadores Rubén Rocha, Germán Martínez y Cruz Pérez Cuellar, del Grupo Parlamentario de Morena, presentarán una iniciativa de reforma al artículo 4º Transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
El senador Germán Martínez aseguró que con el proyecto buscan terminar con privilegios creados mediante leyes, dejando un claro y contundente mensaje: “que no se legislará a modo, sin importar de quien se trate, sea Bonilla, Porfirio Muñoz Ledo o cualquier magistrado electoral. No vamos a ampliar plazos de manera privilegiada”.
El objetivo es retornar a sus términos originales dicho artículo, para que no se renueve de manera obligatoria al total de integrantes de la Sala en los plazos modificados.
Con el proyecto de reforma se modificaría el escalonamiento para el retiro de los siete magistrados de la Sala Superior, y quedaría de la siguiente manera: dos magistrados saldrían tras 7 años de servicio; los siguientes dos, a los ocho años y los últimos tres, a los nueve, así se renovaría en los próximos tres años y se evitará despreciar la experiencia de los integrantes.
Al regresar al mandato original, los primeros dos magistrados terminarán su gestión el 31 de octubre de este año, los siguientes dos el 31 octubre de 2022, y los tres siguientes hasta 2025.
Los senadores promotores consideran que la reforma de 2016 es un ejemplo de una legislación hecha a modo.
Informó que la iniciativa trata de poner orden en el Poder Judicial y detener cualquier regalo de plazos de tiempo a cualquier autoridad, pues los lapsos se fijan antes en la ley.
El senador Rubén Rocha consideró por su parte, que la reforma aprobada en 2016, es el más claro ejemplo de la “Ley Bonilla” y en su momento fue descalificada por los diversos sectores de la sociedad.
Se comprometió a presentarla a la brevedad pues el proyecto se trabaja en las comisiones dictaminadoras.
