Ciudad de México, 25 de Enero (MENSAJE POLÍTICO/CÍRCULO DIGITAL).-El diputado federal Javier Salinas Narváez, del PRD, consideró que para solucionar el problema de robo de combustible es necesario facultar a los jueces de control para que sean ellos quienes determinen en qué caso procede como delito grave y en cuáles no, a partir de los elementos que le proporcione el Ministerio Público, pues el juez no es parte, el Ministerio sí.
En ese sentido, el legislador del Partido de la Revolución Democrática, dijo que los responsables de perforar el ducto deberían ser juzgados como delincuentes.
Señaló que en el próximo periodo ordinario de sesiones que comienza el 1 de febrero este tema será presentado en el pleno, sin embargo, el debate será intenso porque se afectaría el derecho a la libertad personal que consagra la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el Artículo 7.
Dicho articulado establece que todo individuo tiene derecho a la libertad y seguridad personal, mientras que la fracción tercera, señala que nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrario.
“Esta norma internacional tiene el mismo rango que la Constitución, entonces se estarían violando derechos internacionales consagrados, así como el debido proceso y la presunción de inocencia”, expuso.
De acuerdo con el diputado, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, habría solicitado a los coordinadores parlamentarios en la Cámara de Diputados y a los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, abstenerse de reformar el Artículo 19 constitucional, en lo referente al párrafo segundo de la prisión preventiva oficiosa.
Según él, en una carta, el representante de la ONU en México, consideró que incluir el delito de robo de combustible viola derechos internacionales consagrados, así como el debido proceso y la presunción de inocencia.
Recordó que existe un proyecto de dictamen que aprobó la Comisión de Puntos Constitucionales de San Lázaro, por parte de Movimiento de Regeneración Nacional, apoyado con el Partido Revolucionario Institucional, para que en el catálogo de delitos se incluya el llamado “huachicoleo”.
