Ciudad de México,19 Febrero (MENSAJE POLÍTICO/CÍRCULO DIGITAL).-Las bancadas del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano presentaron su iniciativa alterna de reformas al artículo 19 Constitucional, en donde plantean un catálogo de delitos de prisión preventiva “justificada” y no oficiosa.
A unas horas que el pleno discuta el dictamen de reformas, la oposición publicó en la Gaceta Parlamentaria su propia iniciativa con la que marcan distancia a la que impulsa Morena y sus aliados del PT y Encuentro Social.
Justificaron que atendiendo las opiniones expresadas durante las audiencias públicas en materia de prisión preventiva oficiosa, particularmente de la representación de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, coinciden en que es una medida claramente violatoria de los tratados internacionales sobre derechos humanos de los cuales el Estado mexicano es parte.
Además consideran que dicha medida tiene un carácter punitivo que agudizaría la trasgresión al bloque de constitucionalidad que nos rige. “La prisión preventiva oficiosa no solamente viola y vulnera derechos, sino que además afecta el buen funcionamiento de los sistemas de justicia penal y de seguridad pública”, argumentan.
De acuerdo con la propuesta firmada por los lideres de las bancadas del PRI, PAN, PRD y MC , el Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio.
Plantean incorporar al catálogo de dicho artículo los delitos de abuso o violencia sexual contra menores; feminicidio, robo a casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones.
Asimismo, robo de vehículos y de transporte en todas sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares. Además de los delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.
En estos casos, establece que el juez, caso por caso, en un análisis individualizado y con base en los elementos aportados por el ministerio público, de manera fundada y motivada, resolverá sobre la procedencia o no de la medida cautelar de prisión preventiva justificada.
En su argumentación, la oposición señala que, a efecto de que el Ministerio Público se encuentre en posibilidades de solicitar la audiencia inicial en la que se habrá de pedir la vinculación a proceso del imputado, así como la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada será necesario que dicho órgano investigador realice los actos necesarios para darle suficiencia a la solicitud ante el órgano jurisdiccional.
“Lo anterior implica igualmente la eficaz concurrencia de los cuerpos de policía de investigación que intervengan, de los peritos que aporten los datos de prueba mínimos para la satisfacción de los requisitos señalados en la Constitución, así como de las unidades de supervisión de medidas cautelares y de suspensión condicional del proceso”, agrega.
Destaca que la propuesta va dirigida a establecer la obligación del Ministerio Público de solicitar la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva a las personas que son vinculadas a proceso por los tipos penales referidos.
Con esta modificación se evitaría la imposición automática de la prisión preventiva, estableciendo medidas legales para que, en el proceso penal, tratándose de los delitos previstos en la disposición constitucional, se deba solicitar obligatoriamente de manera fundada y motivada la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva por el Ministerio Público.
Dicha solicitud a la cual el órgano jurisdiccional deberá dar respuesta, mediante un análisis individualizado.
Al tiempo, se atendería por un lado la preocupación del Ejecutivo federal por contar con herramientas que le permitan atender la emergencia ante la grave crisis de seguridad y de procuración de justicia y el llamado de diversos organismos internacionales y nacionales, respecto a la necesidad de implantar procesos de persecución e investigación de delitos, más garantistas y respetuosos de los derechos humanos.
