CIUDAD DE MÉXICO, 21 de julio, (FRANCISCO MONTAÑO / MENSAJE POLÍTICO / CÍRCULO DIGITAL).–Los narcobloqueos en Tláhuac han mostrado que la realidad ha alcanzado al Jefe de Gobierno. Después del caos en la delegación, en donde murieron ocho personas, negar que en la Ciudad de México exista la presencia de cárteles no sólo resulta risible, sino que es una irresponsabilidad. Basta ver las imágenes y escuchar los testimonios que se publicaron en la prensa nacional e internacional: marinos y soldados en las calles de la capital, camiones en llamas atravesados en avenidas y la incertidumbre de la población.
Desde la desaparición de 13 jóvenes, atribuida al llamado Cártel de Tepito, en un centro nocturno en la Zona Rosa en 2014, muchas voces de activistas, delegados y académicos han insistido en que la existencia de cárteles de la droga en la Ciudad de México es una situación innegable, inclusive la DEA ha mencionado que cinco cárteles operan en la capital.
Las imágenes de Tláhuac podrían ser escenas de Tamaulipas, Jalisco, Michoacán o Nuevo León en sus peores momentos. La violencia y el crimen en la capital de la República han aumentado de manera dramática. La ciudad ha dejado de ser el oasis de seguridad que se presumía hace cinco años.
El declive en la seguridad capitalina no inició ayer; desde el año pasado se advirtió que el número de homicidios había alcanzado niveles inéditos en dos décadas. En mayo de este año, el número de homicidios fue igual al de los oscuros años 90.
La crisis de seguridad era previsible. La decisión responsable hubiera sido instrumentar las políticas necesarias para frenar la ola de delincuencia; en vez de eso, el Jefe de Gobierno decidió que la solución era instruir una estrategia de comunicación y de relaciones públicas para negar la creciente ola de inseguridad.
Reconocer los hechos no es una cuestión de polémica partidista, es un deber de Estado. Como ya ha sucedido en otras entidades, negar la crisis y voltear a otra parte sólo favorece a los delincuentes.
Antes de cualquier aspiración presidencial, antes de cualquier campaña hacia 2018, es necesario instrumentar una estrategia local y metropolitana para luchar contra el crimen organizado.
Esta estrategia debe ir más allá de operativos policiacos: se debe combatir la corrupción, la impunidad y, sobre todo, la desigualdad y la marginación que empujan a las personas a delinquir.
El Jefe de Gobierno debe recordar la responsabilidad que conlleva gobernar una de las ciudades más grandes del mundo, debe recordar que su responsabilidad primera es con la verdad y con las personas que habitan la capital.
