Ciudad de México, 04 de Julio (MENSAJE POLÍTICO/CÍRCULO DIGITAL).- La diputada Alicia Barrientos Pantoja (Morena) planteó ante la Comisión Permanente reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para establecer que los delegados en las entidades federativas cuenten con estudios académicos en materias afines o vinculadas a las atribuciones que correspondan al área respectiva, así como experiencia comprobable.
La iniciativa que adiciona un inciso a la fracción I del artículo 17 Bis, propone también que el funcionario público no debe desempeñar, ni haber desempeñado, ningún cargo en algún partido político federal o estatal en los tres años inmediatos anteriores a la fecha de la designación.
El documento, suscrito también por los legisladores morenistas Margarita Cuata Domínguez y Virgilio Caballero, señala que, en muchos casos, los servidores públicos no tienen la experiencia necesaria para las áreas encomendadas, lo que merma la capacidad de ofrecer programas de manera legal, así como la atención de los derechos fundamentales que los ciudadanos necesitan.
Menciona que en la normatividad, el perfil del puesto para los titulares de delegaciones carece de requisitos precisos que deben cumplirse, para evitar sesgos partidistas y posibles desvío de recursos.
Refiere que organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y políticos denunciaron la transgresión de normas y diversos ilícitos de funcionarios, en relación con el uso electoral de los recursos de programas sociales destinados al combate de la pobreza, el manejo inadecuado de éstos y la manipulación de la población que se encuentra en los padrones, con miras a un beneficio particular o partidista.
Cita que “en la mayor parte de los casos, el servidor público está ligado a la operación electoral de algún partido político, cuya experiencia en educación, salud, desarrollo social, agricultura y autoempleo es nula o con bajos índices en el conocimiento del perfil de la dependencia; además, su experiencia laboral se centra en actividades netamente político electorales”.
Es importante que los funcionarios ligados a la política social no se desvinculen del combate a la corrupción, de la obligación de rendir cuentas y transparentar, ante las instituciones y la sociedad, los procesos y resultados de las actividades que involucran las responsabilidades del puesto de trabajo que tienen, considera el documento.
Subraya que con el fin de terminar con el favoritismo y acciones clientelares que representan ilícitos que deben ser castigados, así como poner fin a la manipulación y mal uso de programas sociales, es necesario precisar en el marco legal el perfil mínimo de quienes pretendan ser titulares de delegaciones federales.
Considera que la redacción actual de la citada ley es imprecisa en cuanto a los requisitos profesionales, ambigua respecto de la experiencia administrativa en el sector público y omisa en cuanto al distanciamiento de los cargos partidarios y los puestos de elección popular.
La iniciativa que se encuentra en la Comisión de Gobernación para su análisis, puntualiza que el reto es pasar de un esquema de nombramientos discrecionales a uno acotado por la ley, precisando los requisitos para elevar el nivel de profesionalización y especialización.
“Al aprobarse la iniciativa se inducirá a la legalidad e imparcialidad en el manejo de recursos públicos distribuidos a la población por medio de subsidios vía programas sociales, y se otorgará al marco legal la fortaleza de ser claro y preciso, de tal manera que permita la adecuada selección y designación de funcionarios relacionados con la correcta y legal operación de programas sociales”.
