Ciudad de México, 03 de Julio (MENSAJE POLÍTICO/CÍRCULO DIGITAL).- El diputado Carlos Gutiérrez García (NA), planteó que se tipifique como delito que se construyan viviendas, se realicen obras de infraestructura y/o se otorguen permisos para asentamientos humanos en zonas de alto riesgo, sin haber elaborado un análisis previo.
“La construcción de viviendas e infraestructura en zonas de riesgo es un problema añejo y constante en todo el país, que tiene sus raíces en la corrupción de quienes otorgan los permisos, a pesar de saber las consecuencias. La corrupción causa un mayor impacto cuando atenta contra la integridad física de las personas”, indicó.
En un comunicado, dijo que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), más de 28 millones 607 mil 568 viviendas en México se ubican en asentamientos irregulares, mismas que se incrementan en 90 mil cada año, según la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT).
Gutiérrez García aseveró que la construcción de viviendas en zonas de riesgo es un problema muy latente en los estados del sureste del país, donde la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) ha señalado que hay poco más de siete millones de personas en esa situación.
Destacó que tan sólo en el estado de Oaxaca, 186 municipios de 570 que lo conforman, están considerados de alto riesgo en función de que durante los últimos 15 años, se han presentado inundaciones severas, según datos del Atlas Estatal de Riesgos, elaborado por el Instituto Estatal de Protección Civil (IEPC).
El también presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología acotó que otros “138 municipios se encuentran en igual condición de riesgo, dado que se ubican a una altura que rebasa los dos mil metros sobre el nivel del mar y eso provoca heladas y temperaturas muy bajas en la temporada invernal”.
Recordó que presentó una iniciativa para reformar el artículo 416 del Código Penal Federal en materia de Vivienda, a fin de sancionar a las personas que construyan o, en su caso, otorguen permisos para edificar en zonas de alto riesgo, sin haber elaborado un análisis de riesgos ni definir medidas para su reducción.
Refirió que el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) ha expuesto que los fenómenos naturales ponen a prueba la infraestructura productiva y social del país, dejando al descubierto el desorden urbano y territorial que es producto de la construcción de asentamientos, infraestructura o viviendas en lugares indebidos.
Gutiérrez García comentó que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha convocado al país a crear mayor congruencia entre la gestión de riesgos, la planeación territorial y el desarrollo urbano, así como la adaptación al cambio climático”.
“Para Nueva Alianza la seguridad de los individuos es primero. Es insoslayable combatir la corrupción en esta materia; por ello, debemos incrementar sanciones contra funcionarios públicos, supervisores y directores de empresas con responsabilidad comprobada, por la afectación en edificaciones que resulten en pérdidas humanas y costos materiales evitables”, concluyó.
