Ciudad de México, 14 de Octubre (MENSAJE POLÍTICO/CÍRCULO DIGITAL).-El diputado José Rigoberto Mares Aguilar, presentó un proyecto de ley para facultar a la SEMARNAT a solicitar opinión técnica para la autorización de obras y actividades que se realicen en áreas naturales protegidas.
Lo anterior, al adicionar los artículos 35 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como los artículos 93 y 95 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
Mares Aguilar explicó en tribuna que la regulación ambiental se ha desarrollado desde hace 30 años, iniciando con la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; sin embargo, las disposiciones jurídicas actuales, en especial las de impacto ambiental y de cambio de uso de suelo de terrenos forestales dan un margen muy amplio de discrecionalidad a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la SEMARNAT, para autorizar proyectos potencialmente perjudiciales en las áreas naturales protegidas de competencia federal.
“Hemos visto en la península de Baja California y en particular en mi estado, Baja California Sur, cómo proyectos mineros que ponen en riesgo la estabilidad de los recursos naturales han sido autorizados aún y cuando la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas se haya pronunciado en contra de su realización por su abierta contradicción con la ley, los decretos de la creación de áreas naturales protegidas y sus programas de manejo”, explicó en su exposición de motivos.
Conforme a las reglas vigentes, dijo, la SEMARNAT puede solicitar opiniones técnicas a dependencias y entidades de la administración pública federal, o bien, consultar a grupos de expertos, para copiar elementos técnicos, científicos y jurídicos que le permitan decidir sobre la autorización de impactos ambientales de proyectos de competencia federal.
Sin embargo, esta facultad no está prevista expresamente en la ley, sino en el Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en materia de evaluación del impacto ambiental.
El proyecto de ley destaca:
Indicar que las opiniones serán de dependencias y entidades de la APF y se consultará a grupos, instituciones y asociaciones de expertos;
Establecer que tratándose de obras y actividades que pretendan realizarse total o parcialmente en áreas naturales protegidas de o de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, la Secretaría solicitará de manera obligatoria, dentro del procedimiento de autorización de la evaluación de impacto ambiental, la opinión técnica correspondiente a la CONANP o a la autoridad administrativa competente en dicha materia; y,
Resaltar que la opinión técnica tendrá carácter vinculante previo a la resolución de la solicitud de autorización de impacto ambiental.
“Es tiempo ya de que establezcamos las bases legales para evitar este tipo de simulaciones que dañan nuestra biodiversidad y provocan un profundo repudio de nuestra sociedad y que se actúe con base en lo señalado en las opiniones de instituciones y organismos especializados, y lo haremos con las adiciones expuestas para mejor gestión de la conservación, aprovechamiento, preservación y protección ambiental de dichas áreas, de manera que sean una medida eficaz de desarrollo sustentable para las generaciones que nos siguen”, atribuyó el Diputado panista.
No queremos, dijo “ya más casos que comprometan a las futuras generaciones por el daño a los recursos naturales, como anteriormente ha ocurrido. No más proyectos que dañen a nuestro capital natural y afecten la vida y la salud de las y los mexicanos”, finalizó.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, para su estudio y en su caso, dictaminación.
