Ciudad de México, 23 de Octubre (MENSAJE POLÍTICO/CÍRCULO DIGITAL).-Diputadas de Morena y representantes de organizaciones civiles plantearon crear una ley de carácter general para la protección de defensores de derechos humanos y periodistas, que garantice la seguridad de su actividad, acorde a los estándares internacionales y armonizada a nivel nacional.
Durante el “Conversatorio sobre la necesidad de una ley para defensores de derechos humanos y periodistas”, sostuvieron que la legislación actual en la materia es insuficiente, por lo que México tiene una profunda deuda con la sociedad.
La presidenta de la Comisión de Gobernación y Población, Rocío Barrera Badillo (Morena), dijo que si bien se cuenta con marcos normativos que incorporan elementos mínimos de respeto, ha quedado en evidencia que son insuficientes en un país con una crisis de derechos humanos.
“Tenemos políticas públicas que no nos sirven, porque no tienen objetivos claros a futuro, en un país que se encuentra entre los más peligrosos para el ejercicio periodístico, donde cientos de miles de personas continúan desaparecidas, donde los defensores de derechos humanos son constantemente hostigados por diversas autoridades”, apuntó.
En ese sentido, subrayó la necesidad de crear una legislación de alcance general que ofrezca mayores garantías y una estrategia unificada; asimismo, que fortalezca los mecanismos de protección de defensores de derechos humanos y comunicadores ya establecidos a nivel federal y que en algunas entidades federativas que se homologuen.
Barrera Badillo expresó su compromiso para impulsar la justicia en el país y convocó a los representantes de la sociedad civil a trabajar en conjunto y constituirse en grupo de trabajo para plantear las prioridades como el presupuesto 2019 y diseñar la iniciativa para expedir la nueva ley.
La diputada Beatriz Dominga Pérez López (Morena) sostuvo que la nueva legislación debe generar las condiciones para el desarrollo seguro de la actividad de los defensores de derechos humanos y periodistas, libre de hostigamientos, opresiones y medidas, más aún cuando provienen del Estado.
Para ello, dijo, se requiere incluir el rediseño de políticas y procedimientos específicos de las diversas autoridades, así como contemplar instancias y mecanismos de denuncia, investigación, protección del denunciante y sanción del transgresor adecuados a los estándares internacionales y homologados a nivel nacional.
Destacó la importancia de que la sociedad civil tenga mayor incidencia en la proyección y diseño de instrumentos legislativos y administrativos para la protección de los defensores de derechos humanos y de la labor periodística.
“Comprendemos lo urgente que es la acción y lo imperioso de esa necesidad, y consideramos que el proceso de revisión normativa, debe fortalecerse con su experiencia”, comentó Pérez López.
Ignacio Gómez García, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) enfatizó la urgencia de implementar acciones ante la situación de vulnerabilidad que viven los defensores de derechos humanos y periodistas.
“En 2017, 312 personas defensoras fueron asesinadas en 27 países a nivel mundial, de las cuales, 212 ocurrieron en América Latina y el 80 por ciento de éstos se registraron en Brasil, Colombia y México”, refirió.
Gómez García apuntó que la labor de las personas defensoras de derechos humanos es primordial para la democracia y para el Estado de derecho, por lo que sugirió que esta nueva legislación debe brindar protección a éstos no sólo desde la perspectiva de seguridad, sino desde visiones más amplias que atraviesen el sistema judicial, así como las realidades federal, estatales y locales.
“Se requiere una ley en la dirección de garantizar el derecho a defender y no sólo la protección de la persona, que se tome en cuenta al perpetrador, el contexto en el que se producen las agresiones, la perspectiva de género, cultural y la criminalización de los activistas”, detalló.
Mario Hurtado Cardozo, de Propuesta Cívica, sostuvo que la ley actual es muy limitada ante la problemática que es mucho mayor, ya que no cumple los estándares internacionales, pues no establece la coordinación obligatoria con todas las entidades federativas, sólo acuerdos de buenas voluntades.
“Esta ambigüedad legal ha imposibilitado que las organizaciones y las mismas personas defensoras de derechos humanos, tengan un instrumento legal para hacer exigible su derecho a defender derechos humanos”, asentó.
Planteó que la nueva ley contemple la creación de un sistema nacional de protección de defensores de derechos humanos y periodistas, para que haya mejores formas de coordinación y se pueda exigir a los gobiernos y a las comisiones estatales de atención a víctimas un papel mucho más activo en la materia.
Alejandro Cerezo, de Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos, indicó que es el momento ideal para expandir la política pública de protección a personas defensoras de derechos humanos.
Agregó que la nueva legislación debe constar de cinco elementos: crear el marco jurídico para enarbolar el derecho a defender derechos humanos y a la libertad de expresión; establecer sistemas de prevención que inhiban las agresiones y violaciones a los derechos humanos y diseñar las medidas para evitar que las personas sean ejecutadas, desaparecidas, amenazadas o criminalizadas.
Además, contemplar una investigación adecuada para juzgar a los perpetradores, a fin de allanar el camino de la impunidad, así como incluir la reparación integral de las víctimas con garantías de no repetición, desmontando las estructuras que hacen posible la violencia contra personas defensoras y comunicadores.
