Ciudad de México, 07 de Enero (MENSAJE POLÍTICO/CÍRCULO DIGITAL).-La Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados analiza reformar la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para incluir al nepotismo como falta grave de los servidores públicos.
Lo anterior, debido a que se considera una práctica común que personas que ocupan cargos oficiales integren a sus parientes, cónyuges o concubinos en la institución donde ejercen sus funciones.
La iniciativa, impulsada por el diputado de Morena, Irineo Molina Espinoza, señala que el nepotismo es una de las formas de corrupción mediante la cual se obtienen beneficios económicos no sólo por un servidor público, sino por una familia completa.
Mediante esta práctica, una persona puede acceder a un empleo por su parentesco con un servidor y no por mérito o capacidad propia; “esta acción viola los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público, y se le considera un acto de corrupción”.
Ejemplos de estos actos hay muchos en México, “como aquellos de presidentes, gobernadores y funcionarios que han favorecido candidaturas, designaciones o contrataciones de hijos, hermanos, primos, parientes, cónyuges o concubinos, generando un tipo de herencia en la consecución de los cargos públicos, sin que sus familiares cuenten con experiencia probada”.
Molina Espinoza destacó que a pesar de los intentos por combatir la corrupción de la que forma parte el nepotismo, entre ellos las reformas constitucionales y legales para conformar el Sistema Nacional Anticorrupción, ese fenómeno ha crecido de manera considerable, atentando, no sólo a la debida función pública, sino al principio de igualdad de oportunidades en el ámbito laboral que es parte del servicio administrativo.
La iniciativa resalta que la corrupción y el nepotismo están inmersos en muchos ámbitos de la vida social y gubernamental y que ya no se pueden tolerar, dado que atentan contra el buen gobierno, la economía, la eficiencia y eficacia de la función y el servicio públicos, lo que se traduce en que México no pueda dejar de ser un país de desigualdades.
