Ciudad de México, 22 de Enero (JUAN R. HERNÁNDEZ / CÍRCULO DIGITAL).-El Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados solicitará a la Comisión Permanente convoque a una reunión de trabajo a la Secretaria de Energía, Rocío Nahle García y al Director General de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropeza; para que informen acerca de los mecanismos de coordinación y actuación entre las dependencias que dirigen frente a la emergencia y tragedia que tuvo lugar en Tlahuelilpan, Hidalgo.
La Vicecoordinadora perredista, Verónica Juárez Piña, informó que la proposición pedirá también que la Permanente solicite a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, informen de manera pormenorizada respecto de las acciones tomadas para la protección de la ciudadanía el día del accidente.
La propuesta plantea que dicha información debe precisar por qué la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana decidieron no enviar un mayor número de efectivos para la contención de los pobladores y acordonar la zona para, de esta manera, resguardar su integridad física.
Qué acciones tomó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil, para resguardar la integridad física de las y los pobladores de Tlahuelilpan, que se encontraban en el lugar de la fuga producida en el ducto Tuxpan-Tula.
De igual manera, el Punto de Acuerdo pide precisar, desde las investigaciones realizadas por el conjunto de dependencias que intervinieron en la atención del multicitado siniestro, cuáles fueron las causas que motivaron la fuga y cómo se está previniendo la repetición de estos lamentables hechos.
El GPPRD también pedirá a la Permanente haga un exhorto al Fiscal General de la República, Dr. Alejandro Gertz Manero, para que, en ejercicio de su autonomía e independencia del Poder Ejecutivo, lleve a cabo las indagatorias de los hechos suscitados en Tlahuelilpan, con el objeto de deslindar las responsabilidades correspondientes y garantizar el derecho a la verdad y a la justicia de las y los mexicanos, especialmente de las víctimas y sus familiares.
Asimismo, que solicite a la Secretaría de la Función Pública y a la Fiscalía General de la República que inicien las investigaciones correspondientes para deslindar las responsabilidades penales y administrativas de los funcionarios que, por omisión o comisión, pusieron en riesgo la integridad física de las y los ciudadanos, provocando la muerte de, hasta el momento, 93 personas.
