CIUDAD DE MÉXICO, 19 Noviembre, (CDMX MAGACÍN).-El Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2021 (PEF 2021) representa una oportunidad perdida para acelerar la recuperación económica, reducir la duración de la crisis e incluso salvar vidas.
Se desaprovechó como la potente herramienta de política económica que podría ser para afrontar este adverso momento. Terminó como una maniobra financiera para cumplir los proyectos no rentables del Ejecutivo, cubrir las deficiencias en PEMEX e incluso tiene serias implicaciones de índole política, pues ignora las demandas de gobernadores y asfixia las finanzas estatales, debilita a los órganos autónomos y define el ejercicio de más de 436 mil millones de pesos en programas sociales que han sido opacos y carecen de reglas de operación, todo ello en un año en el que se celebrarán elecciones.
Analizando la racionalidad del gasto, es alarmante que no destine un solo peso a la recuperación económica, a estímulos a la creación de empleos o para la protección de las familias que se han quedado sin ingresos a consecuencia de la pandemia. Esto lo convierte en un presupuesto inercial e insensible. Muestra de ello es que del presupuesto para el ramo del Turismo, uno de los sectores más afectados y del que dependen 4 millones de empleos directos, 94% está destinado a la construcción del Tren Maya. Sin contar los recursos de dicha obra, el presupuesto del rubro presenta una reducción del 11% en términos reales.
La apuesta fue por la centralización presupuestal. Se redujeron los recursos a estados y municipios, que afrontarán desde los primeros meses del próximo año una situación financiera compleja porque muchos seguirán reorientando recursos para la atención en materia de salud, otorgando apoyos fiscales y directos al empleo, aunado a que ahora también sufrirán la extinción de los fideicomisos. Todos los componentes del gasto federalizado, es decir, participaciones, aportaciones, convenios y subsidios tendrán una reducción.
El PEF 2021 contempla una caída real del 5.5% en el gasto federalizado con respecto a lo aprobado en 2020. Si bien se agravó con la pandemia, esta es una tendencia que lleva varios años consolidándose. Es decir, por cada peso que aportan las entidades, cada vez se les devuelve menos recursos. El resultado será la asfixia de las finanzas públicas locales.
Dentro de las reducciones en el gasto federalizado, resalta la del gasto en materia de seguridad. El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), el mayor en cuanto a recursos dedicados a este rubro, tendrá una disminución real del 0.02% a pesar de los altos índices delictivos que prevalecen. El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), dedicado a la atención de diversas necesidades básicas de la población, incluyendo la seguridad, tuvo una reducción del 4.5% real.
Especialmente preocupante es que se elimina del Presupuesto el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG) destinado a los municipios y que financiaba acciones como la evaluación de control de confianza de los elementos, su capacitación, profesionalización, equipamiento, y mejora de sus condiciones laborales. En el PEF 2020 fueron asignados 3,922 millones de pesos al FORTASEG, recursos que beneficiaron alrededor de 300 municipios.
En materia de salud, no se ve reflejada la promesa de incremento que motivó la desaparición de los 109 fideicomisos; sólo se contempla un aumento del 2% real, lo cual es totalmente insuficiente y tampoco asigna recursos para la adquisición de la posible vacuna contra el COVID-19. Además, programas clave como el de Vigilancia Epidemiológica y el de Vacunación sufrieron recortes.
Una característica permanente en la construcción de este paquete presupuestal fue la improvisación que se impuso a la trascendencia de rubros estructurales. Mientras las mega obras casi duplicaron su presupuesto respecto al 2020, la educación se vio afectada pese a su alto impacto social, los recursos para el desarrollo profesional docente se redujeron en más de 42%; las escuelas normales, enfrentarán una reducción de más del 90% del gasto, y solamente se canalizaron 5 mil millones de pesos a las Escuelas de Tiempo Completo cuando han demostrado como lo señala el CONEVAL, que han reducido el rezago educativo y alimentario, y ha facilitado la participación de las mujeres en el mercado laboral.
