Ciudad de México 08 Abril (MENSAJE POLÍTICO/CÍRCULO DIGITAL).-La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que la prioridad del gobierno federal es la de esclarecer las más de 40 mil desapariciones en el país, en particular los estudiantes de Ayotzinapa.
Al asistir como testigo de honor a la firma del Acuerdo de Asesoría y Asistencia Técnica para la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa, dijo que este documento fue firmado entre la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, saludó la voluntad del gobierno de México de solicitar el apoyo de instancias internacionales y advirtió que alertarán sobre cualquier incumplimiento.
Por su parte, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER), Marcelo Ebrard Casaubon, abundó que es fundamental que este nuevo proceso de investigación del caso Ayotzinapa, se realice conforme a las más altas y exigentes normas a nivel internacional. “Verdad y Justicia, es ente caso, pero en todos los casos”.
En el Salón Morelos de la SRE, la titular de la Secretaría de Gobernación, Sánchez Cordero aseguró que por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador es que la dependencia a su cargo dé prioridad a la protección y garantía de los derechos humanos, donde está el tema de la Comisión de la Verdad y la Justicia de los normalistas de Ayotzinapa.
Dijo que trabajan en el tema de los más de 40 mil desaparecidos y más de 20 mil cuerpos no identificados, donde el subsecretario de Migración y Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez, y su equipo han trabajado para tratar de resolver este asunto que tanto ha lastimado al país.
En tanto, Michelle Bachelet celebró la voluntad del gobierno del presidente López Obrador para iniciar una nueva etapa en el caso Ayotzinapa, que permita superar los cuestionamientos de distintas instancias nacionales e internacionales a la investigación realizada por la extinta Procuraduría General de la República.
Explicó que el objetivo del acuerdo firmado este lunes es alcanzar la verdad y la justicia sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la escuela normal “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa y de otros crímenes perpetrados en la noche del 26 al 27 septiembre 2014 en Iguala, Guerrero.
Subrayó que llegar a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición en cumplimiento de los estándares internacionales en el caso Ayotzinapa es una obligación del Estado mexicano.
A la vez, dijo, es una oportunidad para potenciar cambios de fondo en el sistema judicial que permitan alcanzar el anhelo de justicia de quienes han sufrido graves violaciones a sus derechos humanos y saldar la deuda histórica que existe con las víctimas de la violencia.
Mencionó que prácticas como tortura, malos tratos y actos de obstrucción de la justicia no tienen cabida en un Estado comprometido con los derechos humanos. Y ese mismo estándar es el que debe regir el caso Ayotzinapa: el pleno respeto a los derechos humanos.
La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos comentó que según cifras oficiales, hay más de 40 mil personas cuyo paradero se desconoce, por lo que este hecho es un llamado a todas las autoridades a asumir la búsqueda de las personas desaparecidas como una prioridad ineludible.
“En esta nueva etapa del caso, mi Oficina, a través de su Representación en México, será una aliada que no dudará en contribuir para que se den avances, reconocer cuando se logren los compromisos con las familias, así como alertar de cualquier incumplimiento”, aseveró.
Ebrard Causabon abundó que el caso de Ayotzinapa representa la principal preocupación del gobierno del presidente López Obrador, por la enorme trascendencia y significado que tiene para la vida pública mexicana.
Agregó que el nuevo régimen, más allá de reformas legales y constitucionales, trabaja en la verdad y la justicia, lo que representa un verdadero cambio, por lo que es muy significativo el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
