Ciudad de México 22 Mayo (MENSAJE POLÍTICO/CÍRCULO DIGITAL).- Una iniciativa de la diputada de Morena Lorena Villavicencio y respaldada por la bancada del PAN, propone sustituir la pena de cárcel por trabajo comunitario para aquellas mujeres que cometan aborto.
“Lo ideal sería que sacáramos el tema del aborto del Código Penal, pero lo posible, es llegar a un punto intermedio… Si en el Código Penal se mantiene mi iniciativa, estamos eliminando la prisión, estamos poniendo penas alternas como el trabajo comunitario”, indica.
La decisión de sancionar con trabajo comunitario a quien aborte, explica, se debe a que incluso en su bancada hay reticencias para despenalizar el aborto y un cambio así garantizaría los votos para librar a las mujeres de la cárcel.
Al respecto, la diputada panista, Madeleine Bonnafoux, reitera que su partido está en contra del aborto, pero también rechaza la criminalización de las mujeres, por lo que no ve mal el trabajo comunitario como sanción.
“Eso lo veo muy bien, se habla de que hay muchas mujeres detenidas por abortar, pero nosotros hemos hecho solicitudes de información y sólo hay cinco detenidas por estos casos”, asegura.
La razón que llevó a Villavicencio a elaborar su iniciativa es para que no suceda a otras mujeres lo que pasó con Marisol, quien purga una condena de 22 años de cárcel en Baja California por abortar.
La mujer de 47 años se cayó de una silla en un evento escolar de su hija y eso le provocó un aborto espontáneo. Cuando llegó al hospital le preguntaron “que se había metido” para abortar. Una doctora dio aviso al Ministerio Público y fue acusada de homicidio en razón de parentesco.
Este es uno de los casos documentados por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) en el que una mujer es criminalizada como consecuencia de un aborto, a pesar de que el artículo cuarto de la Constitución le da derecho a decidir de manera libre el número y espaciamiento de hijos y garantiza la protección de su salud.
Aunque la Constitución blinda a las mujeres, el Código Penal vigente, en su artículo 332 aún establece penas de seis meses a un año de prisión a la madre que voluntariamente procure o consienta su aborto. En algunos casos, las autoridades estatales optan por tipificar un aborto como homicidio en razón de parentesco (como en el caso de Marisol) y las penas son mayores.
Rebeca Lorea, abogada de políticas públicas de GIRE, rechaza la sustitución de la sanción para quien aborte, porque significaría continuar con la criminalización.
En todo caso, precisa Lorea, lo correcto sería sacar del Código Penal el tema del aborto para regularlo en las leyes de salud estatales.
