Ciudad de México a 18 de Diciembre (CÍRCULO DIGITAL).-La diputada Araceli Saucedo Reyes (PRD) propuso modificar diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, a fin de crear el Registro Nacional de Programas y Acciones para el Desarrollo Social, lo que garantizaría una mayor articulación, transparencia y rendición de cuentas de programas y acciones implementados para el desarrollo social por los tres órdenes de gobierno.
A través de una iniciativa, remitida a la Comisión de Desarrollo Social, la legisladora refirió que de acuerdo con el inventario nacional de programas y acciones de desarrollo social del Coneval, hay 6 mil 751 programas y acciones en el ámbito federal, estatal y municipal y, en estados y municipios, 3 mil 788 y 2 mil 730 respectivamente, de los que “no existe información completa y suficiente, relativa a cuánto, dónde y cómo se gasta”.
Resaltó que, pese al gasto destinado al desarrollo social, estimado en más de 2.1 billones de pesos anuales, el renglón de pobreza en el país se mantienen prácticamente en los mismos niveles históricos.
En México, dijo, se han multiplicado por miles los programas públicos que atomizan el gasto, no logran resultados y fomentan un círculo vicioso de malas prácticas. Tan solo en materia de inclusión económica, es decir, apoyo a programas productivos, emprendimientos y empleabilidad, hay 48 programas federales dispersos e inconexos con un presupuesto de 120 mil millones de pesos.
Saucedo Reyes precisó que en los últimos 25 años el gasto social en México (educación, recreación, cultura y otras manifestaciones sociales; protección social, salud, vivienda y servicios a la comunidad, así como en protección ambiental) creció poco más de 4 veces, al pasar de 500 mil millones de pesos en 1990 a 2.1 billones de pesos el año pasado, cifra que representó 45.6 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2015.
Sin embargo, añadió, el avance en la disminución de la pobreza en nuestro país y el acceso efectivo de la población a los derechos sociales, no corresponde a miles de millones destinados año con año a este rubro.
En tanto, la pobreza multidimensional pasó de 52.8 millones de personas (46.1 por ciento de la población) en 2010 a 53.4 millones de personas (43.6 de la población) en 2016. La pobreza extrema de cerca de 13 millones de personas (11.3 por ciento de la población) se redujo a 9.4 millones de personas (7.6 por ciento de la población) en el mismo periodo, de acuerdo con cifras del Coneval.
La diputada perredista consideró que la opacidad y dispersión de programas, están en la base de la falta de efectividad de políticas destinadas a generar ingreso y garantizar derechos sociales, porque no se cuenta con elementos para saber a dónde van a dar, sí produce resultados o, sí empeora la situación, pues no cuentan con reglas de operación o lineamientos claros y disponibles públicamente.
Por ello, propuso reformar los artículos 5, 27 y 43 de la Ley General de Desarrollo Social para crear el Registro que contendrá la información de los programas sociales, que incluirá, de manera no limitativa, el nombre del programa, dependencia ejecutora, reglas de operación, población objetivo, tipo de apoyo, cobertura, corresponsabilidad, año de inicio, entidad federativa, municipio, sector, vigencia, número de beneficiarios, presupuesto, informe de ejercicio del gasto, resultados, mecanismos para la presentación de quejas, denuncias y evaluaciones.
La información de los programas sociales, así como cualquier información que se estime pertinente, se procesará en plataformas tecnológicas compatibles que permitan la consulta pública de la información. Las dependencias y organismos de la administración pública federal, así como de las entidades federativas y los municipios, proporcionarán a la secretaría la información que se requiera para el debido cumplimiento de este objetivo.
La inobservancia de esta determinación será motivo de la aplicación de lo previsto en la Ley Federal y en las leyes Estatales de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y las que se relacionen con esta materia.
