Propone Zoé Robledo “muerte civil” a servidores públicos o particulares condenados por delitos de corrupción
Ciudad de México, 06 Noviembre (Mensaje Político/CÍRCULO DIGITAL).- El senador Zoé Robledo propuso aplicar la “muerte civil” a aquellos servidores públicos o particulares que hayan sido condenados por delitos de corrupción y que reincidan, a fin de que no puedan volver a aparecer en la vida pública para efectos jurídicos.
A través de una iniciativa, el legislador chiapaneco señaló que la ineficacia, opacidad y deshonestidad lacera y perjudica los intereses de la sociedad en su conjunto y abre la puerta a la corrupción que es un cáncer que corroe la credibilidad ciudadana en las instituciones.
“En México la corrupción y la impunidad parecen una normalidad de la vida cotidiana”, lamentó.
En este sentido, Zoé Robledo explicó que su iniciativa pretende complementar los supuestos de sanción contenidos en el Título Décimo “Delitos por hechos de corrupción” del Libro Segundo del Código Penal Federal en lo que refiere a reincidencias por delitos relacionados con hechos de corrupción.
“Se aplicará la ‘muerte civil’ a aquellos servidores públicos o particulares que hayan sido condenados por delitos de corrupción y que reincidan”, indicó.
Zoé Robledo informó que el concepto de “muerte civil” fue utilizado en el Derecho de la antigua Roma, para calificar una pena que al imponerse a una persona, esta dejaba de estar viva para todos los efectos jurídicos.
Por ello, señaló, su iniciativa busca potenciar la fuerza del Estado a través de anteponer la racionalidad de la ley frente a la fuerza de los intereses fácticos, a través de una institución jurídica utilizada para suspender los derechos civiles y el reconocimiento de la calidad de ciudadano, como lo es la “muerte civil”.
En dicha propuesta, la “muerte civil” es considerada como una pena accesoria a personas involucradas en la reincidencia de la comisión de delitos por hechos de corrupción.
Plantea la inhabilitación definitiva para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos; privación a la libertad; y la suspensión de derechos para ejercer profesión, oficio, licencia o permiso tanto a servidores públicos como a particulares.
“La propuesta es oportuna y complementaria a las acciones que se han tomado en torno al combate a la corrupción”, concluyó el senador del PRD.
