Ciudad de México, 30 Abril (MENSAJE POLÍTICO /CÍRCULO DIGITAL).-La prevalencia en el número de casos incorporados al mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas es tal, que 2019 fue el año en el que más casos fueron atendidos.
En la actualidad, el Mecanismo cuenta con mil 162 personas protegidas, de las cuales 778 son defensoras y defensores de derechos humanos, de ellos, 397 son mujeres y 381 hombres; además hay 384 periodistas, de los cuales, 106 son mujeres y 278 hombres.
Así lo informó la Secretaría de Gobernación al Senado de la República, en respuesta a una pregunta parlamentaria sobre las principales acciones en los mecanismos de protección de los derechos humanos en la actual Administración.
En el documento enviado a los senadores, se menciona que, a partir de noviembre de 2019, se lleva a cabo un proceso de cambio de escoltas para transitar de una empresa privada al Servicio de Protección Federal. El Mecanismo de protección, se subraya, se encuentra en un proceso de reingeniería institucional.
Se explica que ello se debe al seguimiento de las recomendaciones emitidas por el Diagnóstico de la Oficina en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONUDH) en 2019, el cual fue solicitado por la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración.
Indica que estas medidas incluyen la ampliación de la estructura organizacional, con el objetivo de responder a la problemática con un enfoque integral.
Para lo anterior, es fundamental coordinar cada vez más a la administración pública federal y generar una cultura de reconocimiento y de garantías a la labor de defensa de los derechos humanos, entre ellos, el de la libertad de prensa y expresión, se agrega en el documento.
Aunado a ello, menciona, se avanza de la mano con personas beneficiarias, expertas y organizaciones de la sociedad civil, hacia el rediseño de la metodología de análisis de riesgos, a fin de asegurar la perspectiva de género y un enfoque diferencial que contribuyan al diseño de medidas de protección integrales.
Dichas acciones deberán contemplar las afectaciones que puede experimentar una persona periodista o defensora de derechos humanos, en distintas esferas, al ser agredida con motivo de su labor.
