Y es que con la propuesta original, señaló la legisladora hidalguense, los entes públicos federales tendrían órganos internos de control con facultades para revisar el ingreso, el egreso, manejo, custodia y aplicación de los recursos públicos federales, lo cual no tiene sustento constitucional para mandatar a los Órganos Internos de Control para revisar la deuda pública, por lo que rechazó que una ley orgánica establezca atribuciones que rebasan los estipulado en el texto constitucional.
En este sentido, la senadora Mayorga Delgado señaló que el principio de legalidad es un principio general de derecho constitucional, totalmente admitido, que especifica que las autoridades solo pueden realizar lo que la Ley les permite.
Esto implica, abundó, que las autoridades administrativas actúan en el ámbito de sus atribuciones y competencias exclusivamente. Es decir, su actuación se debe ceñir a lo dispuesto por los artículos 14 y 16 constitucionales y no pueden ejercer atribuciones que no tienen expresamente reconocidas en la ley.
Por lo anterior, propuso la legisladora priísta eliminar la porción normativa de la fracción 24 que faculta a los órganos internos de control, a revisar la deuda pública, propuesta que fue aprobada por unanimidad y se integra al dictamen.
