- Impunidad en México es de 97.1 por ciento; hay que “reconstruir el destruido” sistema de procuración de justicia”: Claudio X. González Guajardo
- Corrupción, el lastre más grande del país: Dresser; “vivimos una justicia para quien puede pagarla”
Ciudad de México a 28 de septiembre (CÍRCULO DIGITAL).-La Comisión de Puntos Constitucionales, que preside el diputado Guadalupe Acosta Naranjo (PRD), recibió una iniciativa ciudadana sobre la nueva Fiscalía General de la República, elaborada por las organizaciones no gubernamentales “Por una Fiscalía que Sirva” y “Vamos por más”.
Acosta Naranjo informó que el proyecto será analizado en el seno de la Comisión, junto con las iniciativas presentadas por los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados, las cuales serán dictaminadas en los próximos días.
Precisó que la Junta Directiva de la Comisión diseñará el proceso del dictamen, pues se requieren dos tercios del voto de la Cámara “y ninguna fuerza política lo tiene”.
Reconoció que hay consenso para eliminar el pase automático del titular de la Procuraduría General de la República a fiscal, pero no es suficiente, pues aun cuando todas las fuerzas políticas lo quieren quitar, “hay quienes buscan hacer otras cosas”.
Afirmó que se analizará la propuesta de trabajar bajo un modelo de parlamento abierto. “Lo vamos discutir para que sea una respuesta del conjunto de la Comisión, que sea por consenso la propuesta del mecanismo. La Jucopo va a analizar el tema, que no es sencillo”, añadió.
Del PRD, el diputado Ángel Alanis Pedraza expresó que es necesario poner atención no sólo en el titular de la Fiscalía, sino en la propia institución e impulsar su fortalecimiento.
Enseguida, el diputado José Hernán Cortés Berumen (PAN) subrayó la necesidad de centrarse en la discusión de los requisitos de elegibilidad, es decir, quién designa al fiscal, con qué características y la duración de su encargo. Comentó que la iniciativa ciudadana plantea reducir su periodo de nueve a seis años y “quizá es mejor que sea más largo, pues podría ayudar a su autonomía”.
A su vez, el diputado Agustín Basave Benítez (PRD) pidió ser cuidadosos en el diseño de la norma, y su aplicación, para seleccionar a quien encabezará la Fiscalía. “Si quien va a detentar el monopolio de la a acción penal va a tener algún sesgo o estará supeditado a otros intereses y no va a contar con autonomía necesaria, el Sistema Nacional Anticorrupción se va a caer. De ahí la importancia de ver la norma y a la persona”, advirtió.
El diputado Braulio Guerra Urbiola (PRI), secretario de la Comisión, señaló que hay estados de la República que cuentan con la figura de la fiscalía, pero con diseños muy disímbolos. “Aspiramos a la construcción institucional de un esquema de persecución del delito en México, pero si esto no decanta y no aterriza en las entidades, será disfuncional”, indicó.
La diputada Mirna Isabel Saldívar Paz (Nueva Alianza) destacó la importancia de los perfiles profesionales para lograr los objetivos de la Fiscalía y llamó a construir consensos para obtener los mejores resultados.
El diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco (MC) apuntó que se requiere una reforma profunda en la procuración de justicia, “ya que es la columna vertebral del combate a la impunidad”; hacer una revisión puntual y no acotar la reforma al pase automático.
Consideró que los procuradores son los funcionarios más poderosos, “pero no dan resultados, y la institución se vuelve una caja negra en materia de justicia que debe abrirse a la sociedad, para lo cual hay que impulsar un nuevo diseño institucional”.
Al participar, Eduardo Bohorquez, presidente de Transparencia Mexicana, e integrante de los colectivos “Por una Fiscalía que Sirva” y “Vamos por Más”, explicó que unieron esfuerzos para elaborar este proyecto alterno, el cual refleja las preocupaciones e interés de académicos y organizaciones civiles.
Agregó que más allá del pase automático, el tema de fondo es el diseño institucional de la Fiscalía, pieza clave para empezar a fortalecer el Estado de derecho. “Nos anima la preocupación sobre el método de selección del fiscal general, las razones para removerlo y muchos otros asuntos”.
Manifestó su preocupación por la forma en que se disputa, de cara a la nación, la creación de esta Fiscalía general, la cual, subrayó, es un asunto de Estado, que afecta la vida de cada uno de los 120 millones de mexicanos. Por tanto, continuó, “debe discutirse por un acto de parlamento abierto y dar la posibilidad de co-creación entre sociedad y gobierno”.
Llamó a elaborar un documento que dé confianza a todos y no se rija por intercambios de corto plazo, que pasan por la vida presupuestaria o por asuntos de naturaleza electoral, “sino que seamos capaces de aislarlo de la coyuntura y darle el peso que tiene como parte de un asunto de Estado. No es pieza de cambio para ningún otro asunto político o tarea legislativa. Tiene que ser un asunto que se discuta aparte”.
A su vez, Denise Dresser, integrante de ambos colectivos, indicó que el lastre más grande de México es la corrupción, pues hay países donde caen parientes, funcionarios, por el caso Odebrecht, “y aquí seguimos viviendo en el país donde no pasa nada, por la ausencia de procuración de justicia, producto de la falta de fiscales independientes, fiscalías que sirvan e instituciones que funcionen”.
Se pronunció por diseñar, con los legisladores, algo que nunca ha existido en México: el Estado de derecho, que es intermitente y con justicia para quien la pueda pagar.
Hay que cambiar el cuerpo y la cabeza de la institución, así como el perfil de quien la va a dirigir, “para que no haya fiscales carnales, cuates, y sin sesgo partidista. No puede ser Raúl Cervantes por su trayectoria, el Ferrari y mucho más. Si se quedan en eliminar el pase automático que le permita contender para ganar, sin haber revisado el perfil que lo impediría, caerían en la simulación”.
Precisó que no solamente se debe cambiar de nombre a la PGR, pues eso mantendría sus viejos vicios, sino crear una institución que no esté al servicio del Presidente de la República. Debe ser funcional, con peritos profesionales, investigaciones creíbles, y que no haya verdades históricas, precisó.
Exhortó a los legisladores comprometerse para trabajar la iniciativa bajo el parlamento abierto, mediante un proceso formal del que devengan acuerdos con participación y supervisión ciudadana, no con reuniones informales para intercambiar puntos de vista, audiencias y foros como estos, después de los cuales vuelven a votar exactamente todo como estaba al inicio.
Si todo queda igual, advirtió, el enojo contra la corrupción, las instituciones y demás irá creciendo con efectos electorales, y “se comprobará que en realidad (ustedes) creen en un México de privilegios, protección política y de partidos, muy lejos de las necesidades de quienes lo eligieron. Ojalá no sea así”.
Claudio X. González Guajardo, presidente de “Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad” e integrante de los dos colectivos, indicó que la propuesta de ambas organizaciones contiene lo mejor de nueve iniciativas anteriormente presentadas, para facilitar el trabajo de identificación de los puntos que dan valor a la construcción de Fiscalía que realmente sirva al país.
Afirmó que así como se reconstruye la infraestructura “y todo lo que se ha perdido en estas últimas semanas en diversas entidades, tenemos que poner el mismo empeño en reconstruir nuestro sistema de procuración de justicia, porque está destruido”.
De acuerdo con los últimos estudios, continuó, la impunidad en México es de 97.1 por ciento, y esto pone un obstáculo a los anhelos de desarrollo sustentable. “Si no construimos un país de leyes, a través de la impartición y procuración de justicia, no llegaremos tan lejos como podríamos”, puntualizó.
El debate está en el pase automático, subrayó, pero hay que centrarlo en la institución, porque la coyuntura de quién la dirigirá, ahorita, se vuelve fundamental, pero en 15 años no será así, porque lo importante será el tipo de Fiscalía. “Necesitamos un gran fiscal, pero también una Fiscalía que corrija los problemas institucionales que tiene la actual PGR, que son gravísimos”.
Sostuvo que el problema de la PGR se concentra en tres rubros: la falta de autonomía e independencia; de capacidad y eficiencia, y la corrupción interna. La propuesta contiene elementos que aportarán a eliminar esos problemas, como el perfil de los candidatos, el proceso para su elección, la duración en el cargo y su remoción; la profesionalización y especialización en esos temas y otros aspectos que darán mayor transparencia y rendición de cuentas.
Asistieron Marco Antonio Fernández, de “México evalúa”; José María De la Garza, presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados; Francisco López Días, director general de Coparmex; Haydeé Pérez Garrido, directora ejecutiva de Fundar; Edgar Cortés, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia; Ernesto López Portillo y Viviana García, integrantes de ambos colectivos.
