El recorte presupuestal anunciado por más de dos mil millones de pesos, puede propiciar que las madres y padres afectados busquen otras opciones para el cuidado de sus hijas e hijos durante su jornada laboral, derivando en un gasto familiar imprevisto que impacte en sus medios de subsistencia, o bien, ante la falta de redes de apoyo familiar, es probable que las madres y padres trabajadores se vean forzados a dejar a sus hijas e hijos al cuidado de personas sin preparación para el desempeño de labores de cuidado, lo cual constituye un riesgo para su integridad y seguridad.
El recorte también puede representar una medida que ahonde las brechas de desigualdad de género en el país, pues las mujeres trabajadoras podrían verse obligadas a renunciar a su empleo para asumir el cuidado de niñas y niños, en detrimento de sus derechos a la igualdad sustantiva, acceso al empleo, y a la independencia económica.
Este Organismo Nacional enfatiza la necesidad que las autoridades ponderen si las transferencias económicas directas a las familias resultan pertinentes y viables para garantizar los derechos de niñas y niños en primera infancia, considerando que dados los altos índices de pobreza y vulnerabilidad social es probable que los apoyos económicos que eventualmente se entreguen, sean destinados a cubrir otras necesidades básicas y no a garantizar los derechos de la niñez.
Así lo expresó el Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, mediante un documento dirigido al Diputado Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados; al Secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Manuel Urzúa Macías, y a la Secretaria de Bienestar, María Luisa Albores González, a quienes respetuosamente exhortó a observar los mandatos constitucionales, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Recomendación General número 19 del Comité de los Derechos del Niño sobre la elaboración de presupuestos públicos para hacer efectivos los derechos de la niñez y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, respecto de la protección y garantía de sus derechos y salvaguarda de su interés superior.
Les solicitó impulsar la asignación de recursos presupuestales necesarios para la operación del Programa de Estancias Infantiles conforme a la demanda social, privilegiando los derechos de la niñez y la perspectiva de género; analizar el impacto de las medidas adoptadas en las condiciones de vida de niñas y niños, y establecer los mecanismos administrativos e institucionales para el adecuado control, fiscalización y auditoria de los recursos que se transfieren a los proveedores públicos y privados de cuidado y atención integral infantil, para garantizar su aplicación al objetivo destinado, evitando afectaciones a los derechos de las personas menores de edad.
El Comité de los Derechos del Niño ha señalado que la inversión en el desarrollo en la primera infancia tiene un efecto positivo en su capacidad para ejercer sus derechos, rompe los ciclos de pobreza y genera una elevada rentabilidad económica, y advierte que la falta de inversión suficiente puede ser perjudicial para su desarrollo cognitivo, y puede reforzar las privaciones, las desigualdades y la pobreza intergeneracional existentes.
La CNDH recordó a las autoridades federales que, en 2020, el Estado mexicano deberá rendir ante el Comité de los Derechos del Niño, su sexto informe periódico sobre el cumplimiento de la Convención, donde el recorte presupuestal al Programa de Estancias Infantiles, podría derivar en un señalamiento por parte de ese organismo internacional.
La CNDH recibió escrito de queja por los recortes presupuestales anunciados al programa de Estancias Infantiles, al que se dará el debido trámite.
Para la CNDH es incuestionable que el Estado tiene obligaciones que cumplir para hacer vigentes los derechos de las niñas y niños, así como de las madres y padres trabajadores. El hecho de que se aleguen presuntos actos de corrupción, así como irregularidades o problemas administrativos no puede eximir a las autoridades de cumplir con sus obligaciones, ni justifica el que se deje de lado el respeto de los derechos humanos. Si en el pasado se cometió algún ilícito, los mismos deben investigarse y sancionarse a los responsables. Si el marco normativo dificulta la operación administrativa de programas o instituciones, debe actuarse con responsabilidad, promover las adecuaciones conducentes, sin dejar de cumplir con las obligaciones contraídas.
