Ciudad de México, 18 de Octubre (MENSAJE POLÍTICO/CÍRCULO DIGITAL).-La senadora Claudia Edith Anaya Mota presentó, a nombre del grupo Parlamentario del PRI, una iniciativa para reformar el Código Penal Federal en Materia de Corrupción de Menores, para que en su artículo 201 se adicione un párrafo que amplíe el marco de protección, de niñas, niños y adolescentes ante un fenómeno que se encuentra en constante cambio, los denominados “delitos sexuales”.
La senadora priísta reconoció que en el pasado se ha legislado para tipificar como delito la trata de personas, la pornografía, el lenocinio, el turismo sexual, violaciones y abusos sexuales de toda índole. Sin embargo, señaló que se ha dejado de legislar y de discutir una conducta que pareciera insignificante: la corrupción de menores.
Este fenómeno, agregó, afecta a quien no tiene la capacidad de comprender el hecho o de resistirse al mismo, lo que puede considerarse como el primer eslabón en una cadena de delitos de los que será víctima.
Advirtió que los factores que han cambiado la manera de concebir, investigar, sancionar y prevenir delitos vienen apegados al surgimiento de las tecnologías de la información, el avance de la mente criminal; los cambios sociales producidos por la modernidad, las migraciones y la globalización.
“Las tecnologías de la información y la ausencia de controles parentales y sociales para que niñas y niños puedan utilizar Internet con seguridad, son un nuevo paradigma que nos debe convocar como país a reformar no solo nuestros ordenamientos legales, sino a generar políticas públicas de prevención y combate al crimen que permitan proteger a quienes son más vulnerables, como lo son niñas, niños y adolescentes y personas con discapacidad”, puntualizó.
México, abundó, es uno de los países con mayores índices de prevalencia en los delitos sexuales cometidos contra menores de edad, contra mujeres y contra un grupo que poco se le presta atención, dada la exclusión social en la que viven, las personas y sobre todo las mujeres con discapacidad intelectual o psicosocial, muchas de ellas recluidas en sus hogares, invisibles ante la sociedad y la autoridad.
Por ello, subrayó, es importante reformar las definiciones de los tipos penales, de acuerdo a la realidad contemporánea, de lo contrario los ministerios públicos y los jueces, se encuentran imposibilitados para identificar, investigar y sancionar las conductas que más dañan, a quien menos oportunidad tiene de protegerse, finalizó.
