CIUDAD DE MÉXICO, 03 de julio, (AMPRYT / CÍRCULO DIGITAL).- Los funcionarios integrantes del Comité Coordinador (CC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) rechazaron emitir un exhorto al presidente Enrique Peña para que explique el caso de espionaje que presuntamente han sufrido periodistas y activistas.
Al someterse a consideración del pleno del CC, la propuesta que hizo el Comité de Participación Ciudadana de que el caso fuera transparentado, los titulares de las distintas dependencias consideraron que es improcedente debido a que el ilícito que presuntamente se cometió no está catalogado dentro del ámbito de la corrupción.
El representante del Consejo de la Judicatura Federal, Alfonso Pérez Daza, dijo que la ley establece que el CC puede emitir exhortos referidos a temas de corrupción, en tanto que el espionaje que ha sido denunciado por distintas organizaciones sociales es una conducta que el Código Penal tipifica como intervención de comunicaciones sin la autorización de un juez, y no como un acto de corrupción.
Los hechos denunciados, sostuvo Carlos Chaurand, presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), no han sido probados, por lo tanto ni siquiera se tiene la certeza de que se haya cometido un ilícito.
«Usted (Jacqueline Peschard) al inicio dijo: ‘si esto es así’ y yo agregaría: ‘sólo si esto es así’, pero el que así sea no está ni remotamente probado ante nadie, ni mucho menos ante autoridad competente», señaló.
Como integrante del CC está la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez, quien previamente se desempeñó como titular de la Procuraduría General de la República, una de las dependencias que adquirió el software Pegasus, que es el malware que ha sido utilizado para realizar las intervenciones.
Al momento de la votación, la funcionaria lo hizo en contra, lo mismo que Pérez Daza, Chuarand, el titular del INAI, Francisco Javier Acuña, y el auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal.
La única que votó a favor fue Peschard, quien fue la que presentó la solicitud y dijo que desde la perspectiva del Comité de Participación Ciudadana se pudo haber incurrido en un delito de corrupción, ya que se habría cometido un peculado al utilizar recursos públicos, en este caso el software, para un fin distinto al que justificó su compra, que fue el combate al crimen organizado.
De acuerdo con el diario The New York Times, el gobierno mexicano gastó 80 millones de dólares en la compra del software Pegasus de espionaje.
