• Acusa que el Congreso de Veracruz está en desacato al incumplir las sentencias de dos Juicios de Amparo.
• También ve complicidad de la presidenta (Sofía Martínez Huerta) del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz.
CIUDAD DE MÉXICO, 07 de septiembre, (GUILLERMO JUÁREZ / CDMX MAGACÍN).—En los próximos días, el Senado de la República podría emitir un pronunciamiento dirigido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a fin de que esa máxima instancia de justicia de México haga cumplir el Estado de Derecho en Veracruz, donde el Congreso y el Tribunal Superior de Justicia estatales han desacatado dos sentencias de Juicio de Amparo, a pesar de que ya son definitivas e inatacables.
Este pronunciamiento legislativo lo impulsa el senador del PAN por Veracruz, Julen Rementería del Puerto, quien en los próximos días hará el planteamiento ante el Pleno del Senado de la República para que puedan llamar a cuentas al Congreso y al Tribunal veracruzanos, y a quienes los representan.
“Lo que nosotros estamos haciendo es que simplemente se cumpla con lo establecido en la Ley. Si no se cumplen las determinaciones de los Juzgados Federales estamos en un grave problema para el país. No podemos simplemente desatenderla”, advierte Rementería del Puerto en entrevista con CDMX MAGACÍN.
El senador, representante del Pacto Federal, advierte que en este caso hay altos funcionarios y representantes populares en el Congreso y el Tribunal estatales que han desacatado sentencias de amparo definitivas e inatacables, en las que ordenan restituir en su cargo a los magistrados del Poder Judicial Estatal, Marco Antonio Lezama Moo y Roberto Dorantes Romero.
Esos juicios de amparo establecen que los magistrados deben ser reinstalados porque fueron retirados de su cargo de forma ilegal, pues el Congreso estatal así lo determinó cuando ambos cumplieron 70 años de edad. El fundamento de tal remoción es la reforma a la Constitución de Veracruz, en 2017, en que se estableció tal criterio de edad para el retiro.
Lezama Moo y Dorantes Romero obtuvieron la protección de la justicia federal mediante sendos juicios de amparo, pues fueron designados para el cargo antes de tal reforma constitucional, por lo que no se les puede aplicar la Ley de manera retroactiva en su perjuicio, y deberán permanecer en el cargo hasta concluir el periodo para el cual fueron designados, según las sentencias de amparo, que no han sido acatadas.
“Lo que nosotros estamos haciendo es que simplemente se cumpla con lo establecido en la Ley. Si no se cumplen las determinaciones de los Juzgados Federales estamos en un grave problema para el país. No podemos simplemente desatenderla”.
Absoluto desacato de Congreso y Tribunal
A continuación, extractos de la entrevista con Julen Rementería:
—¿Cuál es el estatus en el caso de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia Roberto Dorantes y Marco Antonio Lezama?
—En este momento, el estatus actual es de absoluto desacato a las decisiones de los Tribunales Federales. Están violando por supuesto la Ley de Amparo, que protege y protegió con las decisiones de los jueces al magistrado Dorantes y al magistrado Lezama.
“Por distintas vías ellos acudieron a Tribunales para evitar ser destituidos en una interpretación indebida, facciosa, yo diría que por momentos hasta perversa, de lo que es esta modificación que se hizo a la Ley en Veracruz, donde se hablaba del retiro obligatorio para quien cumpliera 70 años en el ejercicio de una magistratura.
“Pero lo que no toman en cuenta es que en uno de los transitorios se dice que a los que estuvieran en proceso de cumplir esos 70 años para el retiro forzosos, pero que tuvieran un tiempo por delante para cumplir su periodo, se le tenían de respetar sus derechos para poder acabar con el tiempo.
“Aquí para decirlo coloquialmente, al Congreso principalmente por supuesto a los diputados de Morena, les valió gorro, y simplemente los hicieron a un lado, los destituyeron. Pero no solamente los diputados, la Presidenta del Tribunal Superior (de Justicia de Veracruz, Sofía Martínez Huerta) incurrió en una violación a la Ley, porque ella en enero precisamente de este año, en una sesión del Pleno en el Tribunal, reconoce que tienen esta condición de privilegio y que no pueden ser estas dos personas removidas de su puesto.
“Bueno, pues a pesar de todo, tuvo que, digamos, obedecer al Poder Ejecutivo y por supuesto al mandato, en este caso, de la Legislatura. Y bueno, lo que produjo fue precisamente el nombramiento de los (nuevos) magistrados, dejando sin efecto a los magistrados Dorantes y Lezama. Y no solamente eso, sino que ya ordenaron el darlos de baja, el retirarles emolumentos. Y ahora hay una resolución particularmente para el ex magistrado Lezama, donde un tribunal le pide precisamente a la Legislatura que le dé turno a un escrito en donde pide la restitución del magistrado. Entonces, pues están metidos en un brete, hay un desacato y debería de haber responsables.
“No pueden (los diputados) simplemente cubrirse en esta idea de que son un grupo colegiado como si nadie hubiera sido responsable. Claro que hay responsables y se deben de llamar a cuentas y se deben de sancionar.”
Incumplieron artículo transitorio
—Considerando la División y respeto de Poderes. ¿Cómo intervino MORENA de manera directa en el Congreso para en agravio de los magistrados? Y a su vez, en el caso de la presidenta del Tribunal, ¿cómo actuó?
—Bueno. Lo que pasa es que decidieron unilateralmente. Entonces, en la reforma que se hizo –me parece que fue en 2017, si no mal recuerdo–, se establecía como edad para retiro forzoso para los magistrados la edad de 70 años. Y entonces ellos ahora que están por cumplirlos se ampararon para que no pudieran ser removidos, porque en esta misma reforma había un artículo transitorio que decía que si todavía te quedaba plazo por delante para el periodo que fuiste electo, aún cuando cumplieras 70 años debías acabar con el plazo. Y que en todo caso esta reforma estaría vigente para quienes fueran nombrados a partir de esa fecha. Es decir, a los que cumplan 70 años, pero que hayan sido nombrados posterior a esa fecha de la reforma constitucional.
“En el caso del Congreso, sabían perfectamente (de los amparos) porque había notificaciones, tanto de los juzgados, como de los magistrados Dorantes y Lezama, directamente advirtiendo al presidente de la Junta de Coordinación Política como al presidente de la Mesa de la Legislatura del Estado, que no podían proceder de esa manera. Y simplemente desatendiendo esas advertencias lo hicieron. Por supuesto que tiene que haber consecuencias.
“Y en el caso de la presidenta del Tribunal, lo que ocurrió fue que precisamente ella sabía. Tan es así, que ella en una sesión del Pleno, en enero de este año, estableció con claridad que no podían ser removidos del cargo. Y a pesar de esto, ella simplemente dejó pasar, no advirtió esta condición de imposibilidad al Congreso del Estado. Permitió que el Congreso del Estado sesionara, que le mandara unos nombres sustituyendo a éstos, y ahora se llama ella como obligada, porque el Congreso se lo mandató. Por supuesto que es cómplice del asunto y que no pudiera entenderse de otra manera. Y tiene que haber consecuencias para ella, para el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, para el presidente de la Mesa. Y yo creo que debía alcanzar a muchos de los diputados que, a sabiendas –porque fueron advertidos de esta condición en la sesión que votaron–, votaron a favor de la remoción de estos magistrados.
“Y en el caso de la presidenta del Tribunal, lo que ocurrió fue que precisamente ella sabía. Tan es así, que ella en una sesión del Pleno, en enero de este año, estableció con claridad que no podían ser removidos del cargo.”
Cárcel y destitución, las sanciones
—¿Qué tipo de sanciones se prevén para quienes resultaran responsables de esta violación a la Ley?
—Pues se habla de sanciones que pueden llegar hasta los cinco ó 10 años de prisión, y por supuesto la destitución del cargo. O sea, no es un asunto menor. Estamos hablando de la violación de un Amparo Federal. Entonces, hay por supuesto en la Ley sanciones hay específicas para quien viole una determinación de un juez federal. Y esto puede ser desde cinco hasta 10 años, dependiendo de la gravedad y la participación que hayan tenido, y si fue de manera directa o indirecta. Son consideraciones que tendría que hacer un tribunal. Pero de entrada, por supuesto que se pueden generar condiciones de esta naturaleza, y desde luego hasta la destitución de los cargos.
El Senado nada ha hecho: Rementería
—¿Cómo ha sido el acompañamiento del Senado de la República, sólo usted ha atendido el tema o también otros legisladores?
—El Senado como órgano, en realidad no ha hecho absolutamente nada, ha sido omiso y ha permitido esto. Nosotros hemos presentado Puntos de Acuerdo para que se pueda llamar a cuentas al Congreso, al Tribunal, pero no han sido atendidos. Desconozco si algún otro senador haya tenido que ver. En este momento no recuerdo de alguno, bueno habrá alguna manifestación por ahí seguramente, pero no la recuerdo.
“Lo que nosotros estamos haciendo es que simplemente se cumpla con lo que establecido en la Ley. Si no se cumplen las determinaciones de los Juzgados Federales estamos en un grave problema para el país. No podemos simplemente desatenderla.
Continúa: “Sí, es cierta la División de Poderes. Sí, es cierto que el Poder Judicial no podría intervenir en las decisiones de la Cámara de Diputados de Veracruz. Pero estamos hablando del cumplimiento de la Ley. O más bien, del incumplimiento de la Ley por parte del Congreso, a la cual acuden precisamente los magistrados Dorantes y Lezama, reclamando ese incumplimiento, y hay una determinación federal que se tiene que acatar.
“Si en este país empiezan a desatenderse las decisiones de los Juzgados Federales, pues estamos en una muy mala ruta para todo México”.
—¿En este caso qué noticias han tenido de los magistrados, los directamente afectados, se han acercado con ustedes en el Senado?
—Tuve personalmente la oportunidad de hablar con uno de ellos, con el magistrado Dorantes. Yo los busqué para tratar de ver como estaba la situación, qué tan grave. Evidentemente, ellos no quieren hacer de esto algo público, ni tampoco escarnio del Tribunal Superior del Estado, ni de la Cámara de Diputados (de Veracruz).
“Por supuesto que están preocupados, por supuesto que están dolidos porque han sido violentadas sus demandas a pesar de que son justas y legales, porque ya hay una determinación de un juez Federal.
Que la Corte atienda el caso
—¿En este caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación qué puede, qué debe hacer? ¿Qué se tiene previsto al respecto?
—Sí, por supuesto que sí. Entiendo que ellos lo quieren hacer y en algunas declaraciones que hice también en la parte del pronunciamiento –estoy por ver que lo permitan hacer público y presentarlo en Tribuna en el Senado–, que se ha postergado porque atravesó la pandemia, todas estas sesiones a distancia. Pero estoy en proceso, para poder hacer llamar la atención al Senado y que el Senado haga lo propio con la Corte, para que la Corte tome cartas en el asunto.
“No puede ser algo que pase así desapercibido y que ocurra para dos personas nada más; no estamos hablando del magistrado Dorantes y del magistrado Lezama nada más. Estamos hablando del respeto a la Ley de Amparo de nuestro país.”
El senador Julen Rementería concluye: “Lo que tenemos que hacer todos, absolutamente todos, incluiría a MORENA, a todos los ciudadanos de este país a hacer lo que sea posible para que la Ley se respete en nuestro país. No hay más.
“La vigencia del Estado de Derecho tiene que estar por arriba de aquello que dice el presidente (López Obrador) de que ‘si hay justicia no importa que no sea legal’. ¡No! Es que ¡no puede haber justicia si no hay legalidad! ¡Punto!”.
