Ciudad de México, 14 de Junio (AMPRYT/CÍRCULO DIGITAL).-La diputada Rosa Alba Ramírez Nachis (MC) señaló la importancia de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público difunda las acciones para erradicar el cobro de comisiones que realizan los establecimientos comerciales al recibir de los consumidores tarjetas de débito o crédito, lo cual provoca aumento en los precios de los productos y desincentiva la demanda.
En un punto de acuerdo remitido a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Permanente, la legisladora resaltó la necesidad de eliminar el cobro de esas comisiones para proteger la economía familiar y evitar abusos.
Explicó que en algunas zonas metropolitanas del país todavía se pagan comisiones por el uso de las Terminales Punto de Venta (TPV) tanto en establecimientos comerciales pequeños como grandes.
Ramírez Nachis afirmó que “no es una práctica comercial ni financiera correcta”. La Asociación de Bancos de México establece en su portal de internet, que los establecimientos que cobren esa comisión “caen en una práctica discriminatoria hacia los usuarios de la tarjeta de crédito, por lo que se deberá informar al banco al que pertenece la terminal para que llame la atención”, indicó.
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) precisa que el cobro de comisiones adicionales por usar dinero electrónico incumple un pacto entre instituciones bancarias y comercios, dado que el contrato entre ambas partes señala con claridad que el uso de Terminales Punto de Venta no debe repercutir en el costo de los bienes y servicios.
En su portal electrónico la Condusef recomienda presentar una queja ante la institución bancaria dueña de la TPV, e incluso, cancelar la compra o servicio y acudir a otro establecimiento que no cobre la comisión ante la institución bancaria dueña de la terminal.
La legisladora por Jalisco también planteó que la SCHP dé a conocer el impacto anual en las finanzas públicas derivado de las transacciones en efectivo que realizan los consumidores, pues de acuerdo a la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2012, el 44 por ciento de la población adulta en México no interactúa con el sistema financiero.
Sostuvo que “las acciones emprendidas por el Ejecutivo federal no han sido lo suficientemente útiles para evitar los abusos de los comercios, y por el contrario, el permitirlas han generado cargas al gobierno en cuanto a que un sinnúmero de transacciones en efectivo se quedan sin registrar y no pagan impuestos”.
Con ello, el gobierno federal no ha cumplido su compromiso de redoblar esfuerzos para que la población acceda al uso de servicios financieros y reforzar su educación en este ámbito, así como proteger al consumidor, subrayó.
Refirió que el Instituto Mexicano de la Competitividad (Imco) en su estudio “Reducción de uso de efectivo e inclusión financiera” recomendó la necesidad de reducir el uso de efectivo fomentando la inversión en tecnología que conecte comercios y consumidores utilizando las TPV, acceso a internet y servicios de telefonía móvil para realizar pagos y transferencias bancarias, al igual que domiciliaciones.
Eso implica la promoción de la competencia en el sector bancario para disminuir costos de atracción de clientes, reducir comisiones y ampliar la red, de la misma manera acciones de corto a largo plazo que incrementarán el ahorro privado y disminuirán costos de transacción en el consumo y manejo de efectivo, mayor capacidad de monitorear y gravar operaciones por la transición de actividades económicas informales hacia la formalidad.
