Solicita PRD a CDMX y Edomex buscar mecanismos para regularizar mototaxis
CIUDAD DE MÉXICO, 10 de agosto, (JUAN R HERNÁNDEZ/ CÍRCULO DIGITAL).–El secretario de la Comisión de Economía, diputado Armando Soto Espino (PRD), informó que solicitó a las autoridades de la Ciudad de México y del Estado de México buscar mecanismos para regularizar el servicio de mototaxis.
“La regularización se debe realizar a fin de evitar que sean afectados miles de padres de familia que honradamente obtienen el sustento diario para sus familias a través de ese servicio”, manifestó en un comunicado.
El diputado perredista planteó instalar mesas de diálogo con los mototaxistas y sus representantes, en las cuales intervengan instancias de los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Ciudad de México y del Estado de México, para regularizarlos.
Refirió que sostuvo una reunión con cerca de 250 mototaxistas afectados por los operativos realizados por el gobierno de la Ciudad de México para retirarlos de circulación y de autoridades de municipios conurbados del Estado de México, tras los hechos ocurridos en la delegación Tláhuac, el pasado 20 de julio, donde fue abatido un líder de un grupo delincuencial.
El legislador pidió no estigmatizar a las personas que se dedican a brindar ese servicio, porque no sólo son una alternativa al transporte público, “sino en muchas zonas son la única opción por las dificultades de acceso para otro tipo de vehículos o por la negativa de los taxistas a dar el servicio por las cortas distancias que les resultan incosteables”.
Soto Espino llamó a las autoridades a diseñar e instrumentar estrategias integrales de movilidad que consideren diversos aspectos, como la necesidad de diversos tipos de transporte para la población y de trabajo para quienes se han visto marginados del mercado laboral.
Dijo que en el encuentro con los mototaxistas se pronunció por que las autoridades intervengan mediante acciones de corto y largo alcance que, al tiempo de facilitar la movilidad y la seguridad, también permitan el trabajo honesto y la prestación de un servicio de calidad.
“No sólo sería injusto calificar y clasificar por igual a todos quienes dan este servicio, sino también riesgoso porque se atenta contra el ingreso familiar de miles de personas”, apuntó.
