CIUDAD DE MÉXICO, 19 de julio, (AGENCIAS / CÍRCULO DIGITAL).- Se llevó a cabo este martes una segunda audiencia, en el Tribunal de Apelaciones de Florencia, Italia, sobre la extradición del ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington. La audiencia se aplazó para el 21 de septiembre, a fin de que la Corte de Apelaciones examine la documentación que aportó la defensa.
Sin embargo, lo interesante fue la postura de la defensa, con el abogado Luca Marafioti, quien tiene 20 años de trayectoria académica en derecho procesal.
De acuerdo con el abogado, la solicitud de extradición no puede proceder para Estados Unidos ni México, principalmente porque no cumplen con el principio de doble incriminación, lo cual representa que el hecho delictivo tiene que estar presente tanto en el Estado requiriente como en el Estado requerido, es decir, en la legislación. No tipificado al pie de la letra, pero tiene que existir el delito.
Argumenta que en las dos peticiones de extradición, principalmente en Estados Unidos, la solicitud tiene una pena desmedida, porque lo que se decía en el mes de mayo con esta petición era que los delitos por los cuales se acusaba al ex gobernador Yarrington implicaban más o menos dos cadenas perpetuas y 90 años de prisión.
Pero en Italia estos delitos no acceden a cadena, por lo tanto la pena es desmedida y pudiera amedrentar los derechos humanos de su cliente.
Otra de la posturas que tiene el abogado en torno a la petición de Estados Unidos, es que no está contemplada por ninguna parte el protocolo de educación o reinserción social en caso de que su cliente sea extraditado a una prisión en Estados Unidos.
En el caso de México, argumenta que pueden vulnerar los derechos humanos de su cliente, ya que el Sistema Penitenciario mexicano ha mostrado ser muy peligroso.
Además de la situación de las acusaciones genéricas. El abogado hace mucho hincapié en que ambas solicitudes tienen acusaciones laxas, son flexibles, son de testigos protegidos en muchos casos no confiables y en algunos momentos los hechos por los cuales se está acusando al ex gobernador no están fundamentados. Por lo que falta la parte probatoria que requiere la petición de extradición.
A su vez, el ex gobernador Yarrington da su postura de que está siendo tratado como un perseguido político por parte del gobierno mexicano, incluso se interpone un recurso de apelación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y esto hace que el proceso de la defensa cobre tiempo.
Asimismo, una de las peticiones centrales para el ex gobernador fue el arresto domiciliario. Aparentemente en estos días se tiene que resolver, pero parece ser que no procederá.
Es importante destacar que no deciden si Yarrington es culpable o inocente, solamente si procede la extradición.
