Ciudad de México, 26 Abril (MENSAJE POLÍTICO/ CÍRCULO DIGITAL).- Las comisiones unidas de Hacienda y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara Baja perfilan aprobar el próximo lunes la Ley de Austeridad Republicana, la cual pidió el presidente Andrés Manuel López Obrador para acabar con los bonos a funcionarios públicos, estímulos, comisiones, compensaciones o percepciones extraordinarias al salario y que estén fuera de los tabuladores.
Además, describe que, para administrar los recursos humanos con eficiencia, eficacia y economía, y mejorar la prestación del servidor público, los integrantes del Poder Ejecutivo laborarán de lunes a sábado, en los términos y condiciones que fije la normatividad correspondiente.
Con este documento, que se planea aprobar en el pleno el próximo martes, se prohibe asistir al trabajo en estado de ebriedad. También se acabaron las fiestas con bebidas alcohólicas en las dependencias, pues queda prohibido ingerirlas en las oficinas públicas. Y no pueden “recibir, con motivo del desempeño de su empleo, cargo o comisión, cualquier tipo de pago, regalo, dádiva, viaje o servicio que beneficie a su persona o familiares”.
De acuerdo con el documento del cual EL UNIVERSAL posee una copia, se acabó también la prepotencia, pues en esta ley se les obliga a los servidores públicos a brindar en todo momento un trato expedito, digno, respetuoso y amable a los ciudadanos. No podrán cerrar calles, detener el tráfico, no respetar semáforos o estacionarse en lugares prohibidos.
Se va a erradicar el “amiguismo”, el “compadrazgo” y el nepotismo, pues se prohibe utilizar sus atribuciones o facultades, para que designen o intervengan para que se contrate como personal de confianza, de estructura, de base o por honorarios a personas con las que se tengan lazos de parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado, de afinidad hasta el segundo grado, o vínculo de matrimonio o concubinato.
También se acabó el contratar, con recursos públicos, cualquier tipo de jubilaciones, pensiones y regímenes especiales de retiro, de separación individualizada o colectiva distintos a los establecidos en las leyes de seguridad social correspondientes: “No se autorizará a ningún servidor público, como prestación, la contratación de seguros de gastos médicos privados, de vida o pensiones que se otorguen en contravención de las leyes de seguridad social”, detalla el proyecto.
Por ningún motivo se autorizarán pensiones de retiro al titular del Ejecutivo, a los miembros del Congreso de la Unión, magistrados de Circuito, jueces de Distrito, consejeros de la Judicatura Federal y magistrados electorales, diversas a las provistas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, correspondiente al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Por lo que respecta a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Poder Judicial, en el ámbito de su competencia, conforme a sus atribuciones y dentro del espíritu de la austeridad republicana, determinará lo conducente.
Los extitulares del Ejecutivo únicamente tendrán acceso al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, que otorga el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Se prohibe y se cancela cualquier otro tipo de pensión que se hubiere creado exprofeso para su beneficio, del mismo modo se hará respecto a la asignación de cualquier tipo de servidores públicos, personal civil o de las Fuerzas Armadas, cuyos costos sean cubiertos con recursos del Estado. Se describe que a los expresidentes que se les haya dado algún bien que forme parte del patrimonio federal, lo deberán regresar.
Escoltas. Se restringe a los casos estrictamente necesarios el uso de escoltas y elementos de seguridad. Se tipifica como “peculado” el disponer de servidores públicos miembros de alguna corporación policiaca, seguridad o de las Fuerzas Armadas, en el ejercicio de sus funciones.
Sanciones. Para el cumplimiento de dicha ley habrá un Comité de Vigilancia y se prevén sanciones para los funcionarios que no cumplan dicho ordenamiento establecidas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Se define que los ahorros generados como resultado de la aplicación de dichas medidas deberán destinarse, en los términos de las disposiciones generales aplicables, a los programas prioritarios previstos en el Plan Nacional de Desarrollo.
Lujos. Se acabaron los boletos de avión de primera clase y la renta de aviones privados. Habrá sólo tres asesores por dependencia y se eliminarán las plazas de Dirección General Adjunta que se hayan creado a partir de 2001. Se limitará la contratación de personal por honorarios.
Quedan prohibidas las contrataciones de seguros de ahorro en beneficio de los servidores públicos con recursos del Estado.
En este nuevo ordenamiento se prohibe la compra o renta de vehículos de lujo (o cuyo valor supere las 4 mil 343 unidades de medida y actualización diaria vigente) para el transporte y traslado de los servidores públicos. Sólo cuando se requiera tendrá que ser debidamente justificado y tendrá que ser autorizado por el órgano del control interno.
Fideicomisos. Desaparecerán los fideicomisos o contratos análogos con recursos públicos en salud, educación, justicia, seguridad social, y seguridad pública: “Los recursos públicos que se obtengan de la extinción de fideicomisos (…) estarán destinados al pago de la deuda pública”.
