Ciudad de México a 24 de Octubre (JUAN R. HERNÁNDEZ / CÍRCULO DIGITAL).-México se ha convertido en uno de los países más peligrosos para defender derechos humanos y ejercer la libertad de expresión, así lo señaló en entrevista el doctor Rodrigo Gutiérrez Rivas, investigador y coordinador del Área de Derechos Humanos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.
El especialista en conflictos sociales y política recordó que fue “Artículo 19” (organización independiente de derechos humanos que trabaja alrededor del mundo para proteger y promover el derecho a la libertad de expresión), quien puso a debate público las violaciones a los derechos humanos de periodistas, defensores y activistas sociales.
“Las violaciones de derechos humanos se están produciendo de forma general, masiva y esto es de interés de todos”, recalcó.
El Estado tiene la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas. En su opinión, los periodistas cumplen una función social muy relevante al obtener información y hacerla pública, pues dotan a la sociedad de elementos que le permiten pensar en derechos como al sufragio, la libertad de expresión y la educación.
Por tanto, “es muy grave que los periodistas estén recibiendo amenazas, hostigamiento, sean detenidos y hasta asesinados.
De acuerdo con el investigador, la Ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas tiene más retos que beneficios, debido a sus limitaciones y graves deficiencias.
Gutiérrez Rivas declaró que el informe que publicó el Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas señala varias cuestiones preocupantes. Al mecanismo le falta capacidad para reaccionar de una forma temprana frente a alertas. Además, no ha logrado atender con eficacia las violaciones a los derechos humanos; no tiene enfoque de género, y adolece de una coordinación eficaz con las entidades federativas, entre otras tantas situaciones.
Por lo tanto, “hay una falta de respaldo político del más alto nivel, una falta de voluntad política para que realmente el mecanismo se convierta en un instrumento de defensa eficaz de los derechos. Es preocupante que el gobierno siga negando la situación respecto a la vulneración de los derechos humanos en el país”, acotó.
