• Esta ley significa la potencial escalada de violación a los derechos humanos reconocidos por la Constitución
CIUDAD DE MÉXICO, 17 de diciembre, (FRANCISCO MONTAÑO / MENSAJE POLÍTICO / CÍRCULO DIGITAL).—Los integrantes del grupo parlamentario PT-MORENA en el Senado de la República elaboraremos, promoveremos y presentaremos una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de la Ley de Seguridad Interior, porque representa un riesgo para los derechos humanos, militariza al país, atenta contra la paz social y no resuelve el grave problema de inseguridad, afirmó el senador Miguel Barbosa Huerta. Dicha acción debe ser promovida por 43 senadores y senadoras, que son el equivalente al 33 % de la Cámara Alta.
“No podemos resignarnos a que esta ley se aplique en nuestro país. Si al actual gobierno le quedara un poco de prudencia y responsabilidad, no promulgaría esta ley; pero como eso no ocurrirá, nos defenderemos con las propias armas que nos permite la Constitución: una acción de inconstitucionalidad, que estamos seguros contará con el apoyo mayoritario de la sociedad y los organismos defensores de derechos humanos”, anunció.
El senador Miguel Barbosa dijo que la fracción parlamentaria PT-MORENA se opone a esta ley porque significa la violación de los Artículos 21 y 89 de la Constitución Política, al confundir las funciones del Estado Mexicano de preservar la Seguridad Pública ciudadana y la Seguridad Interior de sus órdenes de gobierno e instituciones.
Además, violenta los Artículos 21 y 129 constitucionales, al entregar en forma expresa, permanente y concentrada las actividades de Seguridad Pública a las fuerzas militares, en tiempos de paz.
La Ley de Seguridad Interior “significa la potencial escalada en la violación de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales que obligan a nuestro país, como impone su artículo primero”.
El senador poblano dijo que esta ley representa la instalación formal de un esquema de vigilancia social mediante la inteligencia castrense; un sistema de espionaje militar, político, discrecional y sistemático, como es la práctica de las autoridades mexicanas.
Barbosa Huerta agregó que otro de los riesgos de esa legislación es la amenaza latente de disolución militar a la protesta social, incluso por motivos político-electorales, mediante acciones para identificar, prevenir, atender, reducir y contener riesgos a la seguridad, bajo definiciones abiertas, ambiguas y discrecionales. Formas modernas de la guerra sucia que violentan los artículos 7º, 8º y 9º constitucionales.
Añadió que la ley se caracteriza por la ausencia de controles democráticos que sujeten la actuación de las Fuerzas Armadas a las formas mínimas de transparencia, rendición de cuentas, control político y responsabilidades, en abierta trasgresión a los artículos 6º, 13, 14, 16, 29, 93 y otros.
Sostuvo que al haberse aprobado la Ley de Seguridad Interior habrá pocas posibilidades para la depuración, profesionalización y coordinación de las instituciones policiales federales, estatales y municipales, como condición mínima para afrontar la parte punitiva de la política criminal de todo Estado.
El senador Miguel Barbosa también aseguró que esta normatividad significa la quiebra del federalismo, por vía de la invasión flagrante de las competencias constitucionales de las entidades federativas, de los municipios, incluso de los organismos autónomos, a discreción del Ejecutivo Federal o mediante petición local, ante el amago de no colaboración federal frente al flagelo de la ola delincuencial.
“La aprobación de la Ley de Seguridad Interior fue un grave error, un error histórico del actual gobierno, porque lejos de ofrecer una vía de solución al grave problema de la inseguridad y de violencia, profundiza la descomposición social”, sostuvo.
Dijo que las Fuerzas Armadas no deben asumir la función de la Seguridad Pública, porque su involucramiento en estas tareas altera significativamente la naturaleza de las instituciones básicas del Estado.
“Transformar este orden jurídico equivale a cambiar el eje en torno al cual gira el poder político; significa modificar su cimiento en la legitimidad social, para depositarlo en una valoración discrecional y subjetiva del orden y la disciplina”, señaló.
