El total de demandas han sido presentadas por cinco mil 774 quejosos, entre ellos jueces, magistrados, secretarios, actuarios y oficiales. El resto de los servidores públicos que han presentado su demanda de garantías son externos, es decir, laboran en Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), la Procuraduría General de la República (PGR) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN).
También hay amparos de funcionarios del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el Instituto Nacional Electoral (INE), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de Gobernación (Segob), entre otros.
Algunos de estos amparos incluyen más de una persona por demanda.
Desde el pasado viernes, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Alberto Pérez Dayán, prohibió a la Cámara de Diputados utilizar la nueva Ley para fijar los salarios que los servidores públicos recibirán el año entrante. Este fallo lo emitió en la acción de inconstitucionalidad presentada por senadores de la oposición.
