Ciudad de México 03 Mayo (MENSAJE POLÍTICO/CÍRCULO DIGITAL).-“Vivos, muertos o como sea, pero que aparezcan”, es el clamor generalizado de participantes en el colectivo “Los Otros Desaparecidos de Iguala”, quienes desesperadamente buscan a sus familiares en los penales, Semefos, hospitales y en las corporaciones policiacas de Guerrero.
Claro Raúl, Josefina y Yolanda llevan meses buscando a sus familiares, que ahora son solo tres casos de los 100 expedientes integrados a petición de dicha asociación.
Durante las excavaciones que realizan peritos de la Fiscalía General de la República (FGR), buscan a sus familiares desaparecidos, que a pesar del tiempo no pierden la fe en encontrarlos.
A raíz de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, ocurrida la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014, para el colectivo y la Fiscalía Especial para Búsqueda de Personas Desaparecidas en la Región Sur, estos lamentables hechos son un “parteaguas” con el fin de que cientos de familias se acerquen a denunciar.
Las familias de personas desaparecidas vivían un triste peregrinar para que las autoridades las atendieran e integraran un expediente por desaparición forzada de personas, pero la creación de una Fiscalía Especial para Búsqueda de Personas Desaparecidas dio confianza a familiares para denunciar las diversas sustracciones de gente que anteriormente se habían presentado en Iguala.
El fiscal especial en la Región Sur, quien prefirió el anonimato, dijo en entrevista con Notimex que ante los casos de desaparición, la sociedad civil se involucró y trabajó coordinadamente en la búsqueda de personas, como lo hace actualmente la asociación “Los Otros Desaparecidos de Iguala”.
Añadió que este movimiento generó que trabajaran a la par, poniendo compromisos en la mesa para iniciar la búsqueda de personas, al igual que lo hicieron los otros ocho colectivos registrados.
El informante señaló que las personas que integran la organización “Los Otros Desaparecidos de Iguala” tienen experiencia para rastrear e indicar los puntos de búsqueda.
Del 2014 a la fecha, la Fiscalía Especial para Búsqueda de Personas Desaparecidas ha integrado ocho averiguaciones previas, en las que están los casos de al menos 325 personas sustraídas en Iguala.
“Hablamos de 325 personas que se encontraban desaparecidas en la misma temporalidad o antes de que se diera a conocer el caso de los 43 de Ayotzinapa y eso generó indignación, pues había más desaparecidos y la búsqueda fue creciendo”, advirtió el funcionario federal.
Detalló que en las ocho averiguaciones se encontraron casos de taxistas, empresarios y mujeres quienes fueron privadas de su libertad por la fuerza de presuntos grupos delictivos.
“También hay expedientes que relatan los casos de jóvenes que estaban en las canchas de basquetbol jugando y llegaban camionetas y se los llevaban para reclutarlos o simplemente para desaparecerlos.
Comentó que dentro de estos expedientes está la denuncia de que, en muchos casos, también llegaron grupos armados vestidos de negro que entraban a las casas y se llevaban a las personas con lujo de violencia.
“En otros casos, eran simples transeúntes quienes, sin previo aviso, y de pronto, llegaba una camioneta con hombres vestidos de negro y los levantaban sin decir nada”, apuntó.
Aclaró que del 2014 a la fecha se han localizado 170 cuerpos en las fosas clandestinas de Iguala, Huitzuco, Cocula y Taxco, que fueron trasladados al Servicio Médico Forense de la FGR.
“Entre los 170 cuerpos, se localizó el de un niño de apenas 10 años de edad, cosa que sorprendió a las autoridades y a los propios colectivos”, sostuvo el Fiscal Especial en la Región Sur.
Aseguró que hasta el momento 43 cuerpos de hombres, mujeres y niños fueron entregados a sus familiares gracias a las pruebas de ADN, así como a la identificación de ropa, criminalística, antropología, odontología y otras ramas periciales que dan certeza a los afligidos familiares.
Expresó que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) apoyó a los familiares con gastos funerarios.
“En el Semefo aún permanecen restos de hombres, mujeres y niños en espera de ser identificados y nos hacen falta que familiares aporten más pruebas periciales, pues quedan al menos 120 personas sin ser reclamadas”, precisó.
Dio a conocer que se integró un equipo interdisciplinario de búsqueda en que se incorporaron especialistas, peritos y antropólogos, quienes dan recomendaciones de cómo hacer las exhumaciones y preservar los restos óseos o cuerpos, además define cuando se va entregar el cuerpo, y explica el proceso de investigación.
Añadió que los peritos consideran que los grupos delincuenciales tienen formas distintas de operar, pero todos coinciden en enterrar a sus víctimas en lugares lejanos y de difícil acceso, todo para entorpecer la labor de búsqueda.
Especificó que la Fiscalía Especializada cuenta con tecnología de punta como el geo radar y drones para hacer la reconstrucción de hechos en ciertos lugares que revelan, a los peritos experimentados, elementos de que puede haber cuerpos.
Todo inicia con las búsquedas en que también participa la unidad canina de la FGR que, al señalar un sitio, antes de excavar, los peritos marcan los puntos para dar certeza de las áreas a desenterrar, y cumplir con los protocolos al encontrar restos humanos.
En el caso de Guerrero, para encontrar fosas, se hace una excavación de hasta dos metros de profundidad, en donde han encontrado cuerpos completos sobre planchas de piedra y debajo de estas plataformas usualmente hay más restos humanos.
Tercer día de búsqueda
Es muy temprano, los familiares que integran “Los Otros Desaparecidos de Iguala” forman un grupo compacto en un terreno que anteriormente eran bodegas de fertilizantes, y donde un aire casi frío refresca sus esperanzas de encontrar a los suyos en el sitio en que puede haber fosas.
Mientras aguardan la llegada del personal de la Fiscalía Especial para Búsqueda de Personas Desaparecidas de la FGR, los integrantes del colectivo preparan tortas, se abastecen de agua, hieleras y todo lo indispensable para sobrevivir las tortuosas horas de espera en la exhumación de cuerpos.
Son las 08:50 horas. Las camionetas que integran el colectivo “Los Otros Desaparecidos de Iguala”, forman una caravana que es escoltada por la Policía Federal, para dirigirlos afuera de Iguala, hacia la localidad de Apipilulco, perteneciente al municipio de Cocula.
Son conducidos al panteón ejidal donde el comisario de la localidad reportó el hallazgo de cuerpos enterrados y envueltos en cobijas, lo que aquí no se considera como una manera común de sepultar a sus difuntos.
Inician la búsqueda con Juaco, binomio de raza pastor alemán, que de inmediato levanta la mirada y camina rápido y husmea en al menos tres puntos, en aproximadamente una hectárea donde hacen tres marcajes, porque ahí la Fiscalía General de la República ordenó inspeccionar en busca de restos humanos.
Desde la sombra de un frondoso árbol los familiares de “Los Otros Desaparecidos de Iguala” se frotan las manos, se rascan la cabeza con ansiedad cuando peritos de la FGR comienzan los trabajos de exhumación.
Pero la intensidad de los primeros minutos se va diluyendo hasta convertirlos en indiferentes tras cuatro horas de trabajos de los peritos, y quienes tratan de disculparse
ya que, por error, la retroexcavadora penetró a una tumba contigua al predio, de la que sustrajo el fémur de un cadáver, hecho que terminó por molestar a los dolientes.
“Que regresen mis hijos como sea, vivos o muertos”, fue el clamor de un padre desesperado, quien vio con frustración el intento fallido de localizar restos humanos.
Entre ellos está Claro Raúl Canaan Ramírez, de 61 años de edad, quien no ha dejado de buscar a sus hijos Omar y Jafeth Cannan Ávila de 24 y 21 años de edad, que los tiene como desaparecidos desde el 30 de agosto del 2008.
Con su rostro que muestra cansancio y algo más encendido por los rayos de sol que le llegaron a la piel, Claro Raúl, quien vive en la comunidad de Mezcala, perteneciente al municipio de Eduardo Neri, relató que sus dos hijos acompañaron a Iguala a su primo y a un amigo quien presuntamente era buscado por un grupo delincuencial.
Narró que, de acuerdo con testigos presenciales, sus hijos, su sobrino y el amigo se toparon con un retén en la localidad de El Tomatal y policías municipales los persiguieron hasta sacarlos a la carretera, en donde los atacaron a balazos.
En el ataque policial murió su sobrino Mario Olivares Ávila y, el joven que era buscado por miembros de la delincuencia organizada, lo asesinaron y le dieron el llamado tiro de gracia.
Denota impotencia cuando recuerda que uno de sus hijos fue golpeado por los policías, a pesar de que estaba herido de bala y su otro hijo, Omar, alcanzó a escapar, pero regresó en auxilio de su hermano nomás para ser recibido a golpes por los policías, quienes se lo llevaron con rumbo desconocido.
Claro Raúl indica que primero actuó solo para ubicar a sus hijos, pero su búsqueda fracasó y por ello se unió a la asociación “Los Otros Desaparecidos de Iguala”, en la que se siente apoyado porque ha recibido atención psicológica y jurídica.
Don Claro Raúl se sincera al afirmar que “en la zona han agarrado a muchos jóvenes para llevarlos a trabajar en la fabricación de droga y además los obligan a unirse a los grupos criminales. Vamos a seguir buscándolos porque nos mata lentamente el no saber si viven o si ya murieron, y nos ponemos a pensar, y eso nos afecta, porque la incertidumbre es algo muy desquiciante”.
Sus dos hijos trabajaban con la empresa minera Gold Corp como operadores, con un salario de cuatro mil 500 pesos semanales, con lo que demuestra que no tenían por qué involucrarse en la delincuencia, ya que percibían un buen sueldo.
El mayor de sus hijos era casado y dejó en el desamparo a dos criaturas, que ahora él tomó como sus motores para seguir viviendo, porque le dan fuerzas para continuar esta búsqueda en la que tiene fe.
Don Raúl enfrentó la burocracia de la Fiscalía General del Estado cuando intentó interponer la denuncia de la desaparición de sus hijos, pues sus señalamientos inmiscuyen a elementos de la Policía Municipal de Iguala.
Aún con los obstáculos no se arredra y expresa, «no dejaré de buscar a mis hijos y confío en que algún día regresen con vida, pero también estamos conscientes que pueden estar muertos, pero que nos los entreguen como estén por crudo que sea el desenlace».
Josefina Miranda Bravo, de 48 años de edad, originaria de Cocula, no olvida esa mañana cuando hombres vestidos de negro y de aspecto militar, que se identificaron como policías federales, irrumpieron en su casa con el argumento de que buscaban armas.
Eran como las 06:00 horas cuando entraron a su hogar y fueron directo a las recámaras donde descansaban sus hijos y a empujones los sacaron del domicilio.
Pausa la voz, se le entrecorta, mientras aclara la mente.
«Era el uno de julio del 2013 cuando se llevaron mis dos únicos hijos: Luis Alberto y José Daniel Lara Miranda de 23 y 14 años de edad, y aunque corriendo fui a la Policía Municipal de Cocula, que se ubica a escasos 100 metros de mi casa, y a gritos pedí ayuda, esos señores se hicieron como si ni me vieran, y así los hombres de negro se perdieron tranquilamente por entre las calles».
Se lleva las manos a la cabeza, trata de calmarse mientras dice, «no pudieron entrar por la puerta principal, pero si por un portón. Eran unas 20 personas, una de las cuales dijo que eran policías federales. Vestían pantalón tipo militar, playeras negras, pero curiosamente andaban con huaraches”.
Agregó que el ingreso de los presuntos federales a su domicilio fue por demás violento, con sus armas largas y en la calle los esperaban camionetas que no estaban rotuladas.
–¿Son comunes estas acciones?, se le pregunta y sin vacilar expresa «en la cabecera municipal de Cocula ya estamos acostumbrados a los balazos porque días antes se escuchaban balaceras, pero nunca imaginé que me tocaría, que sufriría en carne propia esta salvaje incursión de los grupos criminales. Se metieron hasta mi recámara, me pegaron hasta caer y, junto con la novia de uno de mis hijos, me obligaron a desnudarme y me encerraron en el baño.
Josefina salió sigilosa de ahí, solo para ver cómo sus hijos eran subidos a una de las camionetas, en las que notó al menos a unos 30 jóvenes que también estaban amontonados y fue entones que “me cayó el veinte de que se trataba de una redada”.
“Cuando se llevaron a mis hijos ya habían levantado a otros, y luego se rumoró que probablemente el grupo delincuencial los reclutó. Dios quiera que algún día podamos encontrar a nuestros hijos, esa es la fe que tenemos”, precisó.
Ella no termina de comprender por qué se llevaron a sus hijos, pues uno tenía apenas 14 años, ni había concluido la secundaria, y el de 23, estaba estudiando para ingeniero zootecnista.
Yolanda Romero Martínez, cumplió 47 años de edad, cinco de que desapareció su esposo. Es originaria de Iguala, también forma parte de “Los Otros Desaparecidos de Iguala”, y desde el 12 de enero de 2014 busca incansablemente a su esposo, Oscar Ramírez Cerecedo que tenía 36 años de edad cuando desapareció.
El caso de su esposo es similar al de diversas desapariciones que se han dado en Iguala, aunque reconoce que tras el hecho de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la gente empezó a denunciar las otras desapariciones, porque antes tenían pavor a correr la misma suerte.
Su esposo, de oficio chofer de un camión de carga, había salido de la cárcel tras siete años preso por el delito de robo, para, de inmediato, incorporarse a su trabajo.
Sin embargo, en el interior del penal de Iguala un reo apodado “Nayla” lo había amenazado y le exigió que, al salir en libertad, trabajara para un grupo criminal, pero se negó porque lo único que quería era su libertad.
«Mi esposo me contó que el señor Nayla tenía el control en el penal de Iguala y todo aquel que saliera tenía que estar de su lado, pero como se negó, ya que Oscar quería trabajar derecho, recibió las amenazas».
Ella narra como también presuntos policías, les cayeron en plena tarde. «Eran como las 16:00 horas del 12 de enero del 2014, cuando sujetos armados, que dijeron ser policías, afirmaron que llevaban un citatorio para su esposo, pero vimos como uno de los individuos se brincó la barda y abrió la puerta para que se metieran sus compañeros».
Yolanda los define como presuntos secuestradores, aunque en todo momento mostraron una “charola” que los acreditaba como de la Policía Ministerial, y así se llevaron a su esposo, en un carro particular de color azul y nunca más volvió a verlo.
–¿Y en dónde ha hecho búsquedas? Se le inquiere, y sin pensarlo señala «en todos los lugares, hasta en los penales y yo no quiero nada en contra de las personas que se lo llevaron, lo único que quiero es encontrarlo, que aparezca como sea».
Agregó que «sí esas personas oyen y llegan a saber de esto, quisiera que me lo devolvieran, o dónde lo dejaron, nunca recibí llamada, ni supe si querían rescate, nomás desapareció como si la tierra se lo hubiera tragado».
Reconoce que a través del colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala ha recibido ayuda, y consideró que es una satisfacción cuando una persona, después de tanto tiempo, encuentra a su familiar, pero eso no le ha ocurrido y por ello dice que siente como si anduviera penando.
La abnegación y esperanza de Yolanda salen a relucir al recordar otros casos. «Es una emoción cuando encontramos un indicio de desaparecidos o sus restos, porque sabemos que una familia por fin va a descansar, aunque no sea de nuestro colectivo, pues ya va a regresar a casa, ya que es muy difícil lo que vivimos en las fosas.
