TRAS LA PUERTA DEL PODER

Roberto Vizcaíno

La Suprema Corte declaró ayer constitucional “su pregunta” -no la enviada por Andrés Manuel López Obrador-, con la cual aprobaron la realización de una Consulta inocua, que deja a salvo a los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

No sé, pero las carcajadas de los exmandatarios todavía deben resonar donde estén.

Y es que los 11 ministros de la corte mexicana mostraron ayer, en toda su crudeza, porqué están dónde están.

Asediados, amenazados impúdicamente por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien todavía durante sus mañaneras de martes y miércoles lanzó advertencias a la Corte a la cual exigió adecuar su decisión no a la Constitución sino a la justicia, y les pidió a los ministros estar atentos a los sentimientos de los ciudadanos, los ministros le aprobaron por unanimidad su consulta, pero sin la pregunta que él envió.

Enfrentados a la amenaza de que, si no aprobaban la consulta, él promovería una nueva reforma constitucional para hacer viable una consulta contra los expresidentes del neoliberalismo, presumiblemente sin el aval de la Suprema Corte, los ministros le hicieron la faena, debatieron, expusieron sus puntos de vista y opiniones jurídicas y al final votaron 6 a 5 a favor de la constitucionalidad de la Consulta pedida por López Obrador, pero con una pregunta modificada, que desactivó la posibilidad de enjuiciar a los expresidentes señalados.

Así los ministros le cumplieron los deseos a AMLO de realizar una consulta popular… pero con una pegunta distinta:

La pregunta enviada por López Obrador decía:

«¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?»

Replanteada ayer por los ministros, la pregunta que aparecerá en la boleta de la Consulta -y que no puede ser modificada-, es:

“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?».

Los ministros le rasuraron los nombres de los expresidentes –que le iban a servir a AMLO para personalizar sus embates durante campaña electoral en 2021-, le quitaron el “veneno”, y ampliaron la investigación “a todos” los funcionarios que fueron parte de “los gobiernos de los años anteriores”.

O sea… quien mucho abarca poco aprieta.

Una consulta así hace inviable cualquier castigo.

López Obrador está advertido por la Corte que no puede usar los nombres de los expresidentes porque ello afectaría sus derechos humanos y presunción de inocencia, y violaría -y anularía- el debido proceso. Es decir, si nombra a cualquiera de ellos dentro de una campaña por la Consulta, estaría invalidando cualquier castigo.

Malévolos, los ministros no sólo echaron adelante la consulta exigida por el tabasqueño (quien ya no se puede quejar de que la Corte les hace el juego a los expresidentes), sino que le amarraron las manos y la lengua a Andrés Manuel López Obrador.

Y al hacerlo lo colocaron como blanco de las burlas de todos. Y desactivaron así la amenaza de un rompimiento político-social-de poder de dimensiones impredecibles.

Si los ministros hubieran sacado adelante la Consulta con la pregunta de AMLO lo obvio era que las mayorías hubieran votado a favor de un enjuiciamiento de expresidentes, y entonces el tabasqueño habría tenido el aval para capturar al que quisiera para encarcelarlo.

Nadie podría decir cual sería la respuesta de los expresidentes, pero es obvio que ante la amenaza de un encarcelamiento reaccionarían en contra de AMLO y su Gobierno.

Y eso podría llevar a rompimientos sociales, crisis política y económica.

Hoy eso no ocurrirá. Al menos no con esta Consulta.

LO QUE SIGUE

Una vez cumplido con la calificación de constitucionalidad por parte de la Corte, el expediente regresa al Senado para que se califique y la pregunta sea enviada al INE para que este instituto proceda a planear y realizar la Consulta que, según la Constitución, deberá aplicarse en agosto del año que entra.

De acuerdo al procedimiento, una vez declarada la constitucionalidad de la pregunta y por ende de la Consulta, la Corte entregará el expediente a la Mesa Directiva de la Cámara de origen, es decir, del Senado la cual deberá informarlo a través de la Gaceta Parlamentaria y turnará la petición a la Comisión de Gobernación, o las comisiones que correspondan, para su análisis y dictamen.

El dictamen será sometido al Pleno para su ratificación y luego se procederá a expedir la convocatoria de la consulta popular a través de Decreto, y se notificará al Instituto Nacional Electoral, lo cual se deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación.

Ayer, una vez conocida la resolución de la Corte, el senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de la bancada mayoría de Morena en el Senado afirmó que se honrará y respetará la resolución del más alto tribunal de Justica de la Nación.

Enterado del resolutivo de la Suprema Corte aseguró:

“Como lo afirmé en días pasados, la mayoría legislativa honrará y respetará el veredicto, la resolución del más alto Tribunal de justicia de la nación. La Corte ha resuelto por mayoría de votos, sobre la consulta popular, y nosotros respetaremos su fallo.

“Queremos decirles que actuaremos con responsabilidad, que esperaremos los tiempos procesales y que iniciaremos el trámite legislativo para concretar lo que este día, históricamente, se ha resuelto.

“Ya lo afirmaba, y lo sostengo, la Corte tiene en su mayoría criterios liberales y están muy acordes con lo que el país está experimentando, en un proceso de cambio profundo.

“Es importante actuar con prudencia, sí, en la implementación de lo que ahora ha resuelto la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Respetamos esta decisión, respetamos esta decisión jurisdiccional trascendente, que buscará el desagravio de millones de mexicanos y mexicanas.

“Vamos a actuar con apego a la ley y vamos a actuar observando fielmente el Estado de Derecho. No les quede ninguna duda: la mayoría legislativa en el Senado, actuará con sensatez y prudencia para continuar el trámite legislativo, que la Constitución y la ley determinan”, concluyó.

Así concluye en los hechos un proceso que, echado a andar por Andrés Manuel López Obrador desde su campaña y que fue impulsado desde Palacio Nacional, causaba inquietudes entre políticos y analistas por las consecuencias impredecibles que podría desatar.

Hoy finalmente la Corte, aplicó la más fina de las argucias político-jurídicas para cumplir con todos: le cumplió a AMLO al aprobar la Consulta y desactivó el juicio contra los expresidentes y salvó la cara del más alto tribunal ante los ciudadanos.

Los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto deben haber brindado felices con un champagne de marca cara esta resolución.

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